La Defensoría del Pueblo demanda al Comando General de la Policía Boliviana que lleve a cabo procesos disciplinarios en contra de efectivos y autoridades policiales que "efectuaron, instruyeron o consintieron actos desproporcionados en el uso de la fuerza y actos crueles e inhumanos en contra de personas con discapacidad, que realizaron protestas entre septiembre y octubre del pasado año en el contexto de la pandemia de la COVID-19".

En una nota de prensa de la institución hacen conocer que la demanda está contenida en la Resolución Defensorial DP/AVEDH/N° 02/2020, referida al accionar policial durante la protesta de las Federaciones Departamentales de Personas con Discapacidad de La Paz, Cochabamba, Oruro, Pando, Beni, Tarija, Potosí y Chuquisaca y la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo), que en los meses señalados exigieron al Órgano Ejecutivo un bono único y excepcional para sobrellevar la emergencia sanitaria.

“Durante las protestas de las personas con discapacidad, efectivos policiales de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Especiales) hicieron uso desproporcionado de la fuerza y cometieron tratos crueles e inhumanos en contra de las personas movilizadas, al hacer uso irracional de gases pimienta en spray contra personas que por su condición no tenían la posibilidad de dispersarse o huir de los efectos tóxicos de estos agentes químicos”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz dice el boletín de prensa.

Además dijo que los efectivos policiales “también cometieron tratos crueles e inhumanos, al momento de impedir y dificultar la entrega de colchones, frazadas, vestimenta, agua, mates, pañales y otros elementos que eran esenciales para las personas con discapacidad, incluso adultos mayores y mujeres, que cumplían una huelga de hambre en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo”.

En la resolución, la Defensoría del Pueblo recuerda al Órgano Ejecutivo, a través de la Ministra de la Presidencia, el deber que tiene de atender oportuna y con carácter de primacía las solicitudes o demandas de las personas con discapacidad, a fin de evitar que asuman medidas de hecho que pudieran afectar su integridad personal, además que se deben de agotar las instancias de diálogo y solución pacífica de conflictos.