En una demanda contundente, la Defensoría del Pueblo expuso ayer su preocupación por la situación que atraviesa la población indígena originaria de Araona, en La Paz. Formalmente, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que favorezcan a la comunidad, que se encuentra con una sensación de “olvido” por parte del Estado. Las personas no cuentan con insumos médicos ni infraestructura sanitaria para afrontar la pandemia.

A través de una nota oficial, la Defensoría, comandada por Nadia Cruz, reflejó lo siguiente: “Se sienten en una situación de abandono por parte del Estado” y tienen miedo a la expansión y riesgo que representa la COVID -19. Este pueblo está en una situación de indefensión ante la pandemia por varios factores. No cuenta con un centro de salud en su territorio, adonde no se puede acceder por vía terrestre, sino solo por medios fluviales. El centro de salud más próximo, el PS Manurini, se halla ubicado en la comunidad Santa Rosita Agroforestal, a cuatro horas en bote con motor deslizante. La posta solo cuenta con un auxiliar de enfermería y no tiene agua potable, ni energía eléctrica, ni medicamentos, ni insumos de bioseguridad, y tampoco medios de transporte para evacuaciones de emergencia”.

Cruz resaltó que la población es víctima de estigmatización y discriminación, elementos que crecieron de forma paralela con la crisis sanitaria que vive Bolivia, puesto que “nadie le brindó información, en su lengua nativa, para que pueda combatir el virus. Esto los deja sin condiciones para enfrentar el problema pandémico.

“No ha existido ningún tipo de acción o intento de coordinación entre el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal y el Departamental para la elaboración de planes de respuesta, mitigación y tratamiento de personas de este pueblo infectadas con COVID-19. Además, se tienen reportados serios problemas de alimentación, educación y discriminación, lo que les impiden llevar una vida digna”.

Por todo ello, Cruz solicitó medidas cautelares que tiendan a favorecer la integridad y salud de las personas afectadas. También exigió que se sancione a los responsables que permitieron el “abandono” de la comunidad, luego de percatarse de que hubo “omisión por parte de los agentes estatales”.