Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 27 de octubre de 2020
  • Actualizado 14:39

Defensoría culpa al Gobierno por delitos de lesa humanidad

El informe “Crisis de Estado: Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019” hace referencia a “masacres” de civiles, torturas y “asesinatos de forma sistemática”.

 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en la presentación del informe. APG
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en la presentación del informe. APG
Defensoría culpa al Gobierno por delitos de lesa humanidad

La Defensoría del Pueblo responsabiliza al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez por la crisis poselectoral de 2019.

Asegura que hubo delitos de lesa humanidad que derivaron en “masacres” de civiles, “asesinatos de forma sistemática” para mantenerse en el poder y actos de tortura por parte de la Policía que derivaron en la muerte de 37 personas, 27 en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) y en barrios de la zona sur de La Paz.

El informe defensorial “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, de más de 300 páginas, analiza los sucesos entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019, que califica de "contexto generalizado de violación de derechos humanos".

La defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz se refirió a “la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad" que impiden que en Bolivia haya habido un "proceso de pacificación". Acusó a la Policía y Fuerzas Armadas de seguir órdenes del Gobierno para un "asesinato de forma sistemática, en contra de población civil”.


LA VIOLENCIA El informe reconoce los ataques a la Policía, que vio incendiadas varias unidades, a la vez que le atribuye torturas, uso desproporcionado de la fuerza, permisividad ante actos violentos e incluso complicidad.
El estudio también advierte del clima de "terror" que hubo en el país, con grupos "paraestatales" en las calles, sin que desde entonces se haya hecho justicia.
Cruz lamentó que el Gobierno interino "se aprovechó del terror" e incluso intentó "hacer cómplices" a los bolivianos.
"La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos", subraya.
La Defensoría observa además ataques a la libertad de expresión, episodios de racismo hacia colectivos como los indígenas, casos de xenofobia contra cubanos, venezolanos y argentinos, entre otros, y que "niegan el acceso a información" tanto el Gobierno como la Policía y el Ministerio Público.

Los hallazgos durante la elaboración del informe coinciden con los informes emitidos por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard en los que se señala que en Bolivia, durante el conflicto poselectoral hubo la vulneración sistemática de derechos humanos, y con el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) que concluyó que en este periodo existió hecho de tortura y malos tratos contra civiles.

RECOMENDACIONES La entidad emite una serie de recomendaciones, como que la Fiscalía esclarezca los hechos y sancione a los posibles culpables, sin dejar pasar plazos procesales y con pruebas válidas.

A la Asamblea Legislativa le reclama que cree una "Comisión de la Verdad", apruebe una ley para resarcir a las víctimas con estándares internacionales, al considerar que una en vigor no los alcanza y representa "un agravio", y que fiscalice la actuación de la Policía, la Fiscalía y los ministerios de Defensa y de Gobierno.

El informe exige a la Policía que investigue posibles actuaciones ilegales entre sus miembros y al Gobierno una investigación exhaustiva en el marco de un acuerdo con la CIDH para la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Este informe será puesto en conocimiento de esta comisión y la institución defensorial espera que el próximo Gobierno, elegido por voto popular, impulse las investigaciones hasta esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades y sancionar a los responsables.

LA PAZ

A casi 10 meses de lo ocurrido, el informe revela que en el país no existe, ni existió un proceso de pacificación real.

Amenaza a la libertad de expresión

Desde el inicio de los conflictos, el 21 de octubre de 2019, según el documento, en las diferentes manifestaciones sociales, tanto de repudio como en apoyo al gobierno del expresidente Evo Morales, se observó que los trabajadores de la prensa fueron uno de los sectores más seriamente afectado por la violencia.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de 26 casos de agresión en La Paz (14), Cochabamba (11) y Santa Cruz (1), de los cuáles 21 fueron con afectación a su integridad física y psicológica y cinco a la libertad de expresión y circulación.

Esto implica que “el Estado, en los dos periodos de agresión desarrollados, no tuvo la capacidad de garantizar a labor de los trabajadores de la prensa”.

Ante esta situación, recomendó al Estado proveer una norma para generar la obligación del empleador de otorgar equipos de seguridad, a efecto de garantizar su seguridad en las convulsiones sociales. Asimismo, advierte que hasta el momento no se esclareció ninguna de las agresiones y se suma a la falta de garantías, la falta de investigación y sanción contra quienes ejercen violencia, generando impunidad, “lo que incidirá en una mayor violencia”.

Los medios de comunicación también sufrieron ataques y amenazas de “grupos particulares”, provocando con ello su cierre temporal o afectando su infraestructura para evitar que continúe al aire. La Defensoría observa también que hubo un fuerte sustento estigmático y político que el Estado no pudo contener a objeto de garantizar la seguridad.