La Defensoría del Pueblo reclama acción estatal por las personas con discapacidad
15 de octubre de 2022 (13:26 h.)
La Defensoría del Pueblo reclamó este sábado una mayor acción estatal con políticas públicas concretas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
La entidad se pronunció en ese sentido en un comunicado con motivo del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, una fecha para una "profunda reflexión y la toma de mayor conciencia sobre la situación de esta la población, sobre su dignidad, sus derechos, bienestar y su participación efectiva en la sociedad".
"La institución defensorial exhorta al Estado ejecutar políticas públicas y medidas asertivas que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos con plenitud", indica la nota.
La Defensoría puntualizó que esta población es "una de las más vulnerables" y "aún enfrenta desafíos ante la afectación de sus derechos", pese a que se cuenta con normas vigentes que los protegen.
Entre la gestión 2020 a septiembre de este año, el Sistema de Servicio al Pueblo de la institución registró un total de 1.654 casos de vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, detalla el comunicado.
La mayoría de los casos se presentó en el departamento de La Paz, que registró 644 casos, seguido por Santa Cruz con 220 y Tarija con 175 casos.
Las principales denuncias fueron vulneraciones a los derechos laborales con 312 casos, al derecho a la protección del Estado con 238 y al derecho a la salud con 169.
"Estos datos establecen que la población continúa enfrentando barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y jurídicas que impiden el ejercicio de sus derechos y su desarrollo de forma plena", sostuvo la Defensoría.
También recomendó que todos los niveles de gobierno incluyan al sector en los "procesos de construcción" de estas políticas y se permita participar en los mismos a las organizaciones que representan a esta población sin importar si tienen o no una personalidad jurídica reconocida.
Según la Defensoría, la ausencia de las organizaciones de personas con discapacidad en la formulación de las políticas públicas "impide la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de sus derechos".
Por ello, insistió en la necesidad de que las instituciones estatales generen procesos de consulta "adecuados y accesibles para tomar en cuenta las opiniones de esta población".
La entidad se pronunció en ese sentido en un comunicado con motivo del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, una fecha para una "profunda reflexión y la toma de mayor conciencia sobre la situación de esta la población, sobre su dignidad, sus derechos, bienestar y su participación efectiva en la sociedad".
"La institución defensorial exhorta al Estado ejecutar políticas públicas y medidas asertivas que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos con plenitud", indica la nota.
La Defensoría puntualizó que esta población es "una de las más vulnerables" y "aún enfrenta desafíos ante la afectación de sus derechos", pese a que se cuenta con normas vigentes que los protegen.
Entre la gestión 2020 a septiembre de este año, el Sistema de Servicio al Pueblo de la institución registró un total de 1.654 casos de vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, detalla el comunicado.
La mayoría de los casos se presentó en el departamento de La Paz, que registró 644 casos, seguido por Santa Cruz con 220 y Tarija con 175 casos.
Las principales denuncias fueron vulneraciones a los derechos laborales con 312 casos, al derecho a la protección del Estado con 238 y al derecho a la salud con 169.
"Estos datos establecen que la población continúa enfrentando barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y jurídicas que impiden el ejercicio de sus derechos y su desarrollo de forma plena", sostuvo la Defensoría.
También recomendó que todos los niveles de gobierno incluyan al sector en los "procesos de construcción" de estas políticas y se permita participar en los mismos a las organizaciones que representan a esta población sin importar si tienen o no una personalidad jurídica reconocida.
Según la Defensoría, la ausencia de las organizaciones de personas con discapacidad en la formulación de las políticas públicas "impide la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de sus derechos".
Por ello, insistió en la necesidad de que las instituciones estatales generen procesos de consulta "adecuados y accesibles para tomar en cuenta las opiniones de esta población".
