Sergio Méndez, exjefe de gabinete del ministerio de Gobierno, en la gestión de Jeanine Áñez, se benefició con la libertad bajo fianza y es el tercero en la lista de cinco detenidos por el FBI en EEUU por los delitos de soborno y lavado de dinero. Quedan en la cárcel el exministro de Gobierno Arturo Murillo y el empresario estadounidense Philip Linchtenfeld, sobre quienes en Bolivia pesan órdenes de aprehensión por el presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos que derivó en los ilícitos en el país del norte.

El 25 de mayo se conoció de la aprehensión de Méndez, quien fue acusado de “prácticas corruptas”. Se encontraba como asilado en Florida y su caída, el 21 de mayo, permitió dar con los otros cuatro.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó ayer, según ABI, que Méndez debe pagar una fianza de $us 250.000 y usar una tobillera electrónica.

“De acuerdo al sistema americano, él tiene unas horas para pagar, si no lo ha hecho ya, para acceder al beneficio de la libertad bajo fianza en tanto dure la investigación. Es un derecho que tienen, de acuerdo a la Constitución de ese país, todas las personas”, apuntó.

Dijo también que la información que le proporcionaron los abogados que hacen seguimiento a este caso es que debe presentarse y estar a disposición del proceso judicial.

El Procurador dio la información a objeto de evitar especulaciones sobre el proceso que se lleva adelante en EEUU. 

“Nuestros abogados que están allá acreditados, están dando un seguimiento permanente, y esta es la información que queríamos darle al país de primera mano”, sostuvo.

LA SITUACIÓN

De acuerdo con las investigaciones en EEUU, Méndez fue acusado de recibir, en primera instancia, más de Bs 4 millones ($us 582 mil) en sus cuentas en el país norteamericano a cambio de direccionar la contratación de los equipos para la Policía hacia Intermediary Company y sus representantes Brayan Berkman, su padre Luis Berkman y Linchtenfeld.

El 2 de junio se conoció de la liberación bajo fianza, presentación semanal y uso de tobillera de los Berkman, representantes de la empresa Bravo Tactical Solutions que, según la investigación, sería la intermediaria mediante la que se coordinó la adquisición de gases con sobreprecio. Pagaron $us 350.000 y 500.000. 

El 7 de junio, la Justicia ratificó la decisión en favor de los empresarios y también anunció la postergación de la audiencia de Murillo para el 9 de julio, aunque no se descartó que pudiera haber llegado a un acuerdo con la Justicia para que cambie su situación legal, según reportó ERBOL.

La semana pasada surgió la versión de que el segundo hombre fuerte del gobierno de Áñez se benefició con la libertad tras pagar el 10% de su fianza de $us 500.000 y convertirse en un “testigo protegido” sin embargo, fue descartada.  

También se confirmó que Linchtenfeld se mantiene con detención preventiva en EEUU.