La decisión de la Asamblea Legislativa de rechazar el crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) generó críticas en el Gobierno que alertó sobre el riesgo de perder 1.500 millones de dólares. A su vez, cuestionó que en la gestión del expresidente Evo Morales, se haya dado curso a que el país asuma deudas por más de 17.000 millones de dólares. También se le acusó de ordenar el bloqueo a estas leyes para la lucha contra el coronavirus COVID-19.

"Aquí está claro, hay una intención y lo demuestra el expresidente Evo Morales, donde instruye a la Asamblea rechazar estos créditos; a confesión de partes, relevo de pruebas", sostuvo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Recordó que existen cinco proyectos de ley en la Asamblea sobre créditos destinados al sistema de salud, el equipamiento de hospitales, compra de  insumos, contratación de médicos y para financiar medidas económicas de apoyo en favor de la micro, pequeña y mediana empresa (Mype).
La presidenta Jeanine Áñez enviará hoy la solicitud de aprobación de dos nuevos créditos por 800 millones de dólares con el objetivo de superar el impacto económico negativo que deja la emergencia sanitaria por del COVID-19 en Bolivia, informó ayer Óscar Ortiz, ministro de Desarrollo Productivo.
La autoridad detalló que uno de esos nuevos créditos corresponde al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por un monto que asciende a 350 millones de dólares y el otro préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 450 millones de dólares.
Ortiz pidió a los parlamentarios no “asfixiar” económicamente al país por cálculos políticos en medio de la pandemia.

Entre tanto, después de dos meses, la Cámara de Senadores aprobó ayer la ley que autoriza el préstamo de 50 millones de dólares de la CAF por un plazo de 12 años, con dos años de gracia y un interés de 2.98%.

LEYES Y DEUDAS El ministro de la Presidencia precisó que entre 2010 y 2019, la Asamblea controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) sancionó 1.266 leyes, de las cuales casi el 40% están relacionadas a la transparencia y enajenación y son declarativas, pero no tienen ningún impacto social. De ese total, 241 (19%) pertenecen a la transferencia y enajenación; 234 (18%) son declarativas; 188 (15%) corresponden al área económica, financiera y de crédito público; 179 (14%) pertenecen a diferentes ámbitos; 161 (13%) son en materia internacional; 118 (9%) son de normativa marco; 60 (5%) son del rubro de hidrocarburos; 40 (3%) están relacionadas a la organización territorial; 25 (2%) al área de minería; y 20 (2%) son referentes al Presupuesto General del Estado (PGE).
"Si consideramos solo las dos con mayor número, casi el 40% de las normas priorizadas por el MAS no tienen impacto social ni beneficio directo para los bolivianos. Casi el 40% de las leyes sancionadas por la mayoría masista tiene escasa utilidad pública, dado que se trata de transferencias, enajenaciones y leyes declarativas", aseguró.
La autoridad señaló que en los nueve años que el MAS tuvo el control en el Legislativo no se aprobó ninguna norma en el área de salud.
En tanto, precisó que en ese periodo solo se aprobó la Ley de Educación Avelino Siñani- Elizardo Pérez.
"Esto muestra han bloqueado de forma permanente el crecimiento y el desarrollo de los bolivianos", acotó.

Dijo también que entre 2006 y 2019, el gobierno de Morales contrajo una deuda con países y organismos financiadores de 17.156 millones de dólares, que equivale a 119.406 millones de bolivianos. Explicó que los principales organismos que concedieron esos créditos son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (BM), el Banco de Importaciones y Exportaciones de China (Eximbank de China) y otros.

"Son más de 17.000 millones de dólares (de créditos otorgados) en la época de mayor bonanza económica que vivió el país, fruto de los precios de los hidrocarburos", indicó.
 

EL DÓLAR La presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputado, Otilia Choque, justificó la decisión de rechazar el crédito del FMI. Aseguró que está condicionado a que el Gobierno nacional flexibilice el tipo de cambio del dólar una vez concluya la crisis sanitaria emergente de la pandemia.

“Cuando se levante la cuarentena, no sabemos si va a ser noviembre o diciembre, va a subir el dólar, esas son las condiciones que está dando el FMI”, sostuvo.

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, descartó que vaya a devaluar la moneda mientras esté al mando de la entidad. Argumentó que el peso boliviano está fuerte y la economía tiene los recursos para mantener un sistema financiero y una inflación estables.

Otra de las observaciones que hizo conocer Choque es el plazo del préstamo.

“Se debe pagar en cinco años, con tres años y medio de gracia, lo que significa que durante ese tiempo se pagará solo intereses, quedando un año y medio solamente para pagar el monto total del empréstito externo. ¿Tenemos esa capacidad de pagar todo en cinco años?”, preguntó.

Según explicó, su comisión aprobó cinco proyectos de ley de créditos por 20 millones de dólares a 40 años plazo, con 31 años de gracia y cero por ciento de interés.

“No hipotequemos al país, seamos responsables”, concluyó.

Núñez ratificó que el préstamo ofrece las mejores condiciones, porque permite el pago a cinco años de plazo, además de tres años y tres meses de gracia, con una tasa de interés del 1%.

Deploró que existen legisladores del MAS acusen a la presidenta Jeanine Áñez de un supuesto "intento de vender al país" bajo el argumento  de las gestiones para obtener créditos de organismos internacionales, pero se debe analizar el trabajo de ese partido en la Asamblea en materia de préstamos.