Si el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho no asiste a la tercera conminatoria de informe oral ante la Comisión de Organización Territorial de la Cámara de Diputados, para que explique sobre la emisión del Decreto 373, se expone a un posible proceso penal.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Juan José Jáuregui, explicó que la Constitución establece las competencias de la Asamblea Legislativa, entre las que está fiscalizar y pedir informes a cualquier autoridad boliviana.

Además, que el artículo 108 de la Carta Magna señala la obligatoriedad de cualquier ciudadano a cumplir la Constitución, por lo que Camacho no tendría argumentos para no asistir a la petición de informe oral.

“Es una convocatoria formal, y si Camacho no cumple, estaría incumpliendo sus responsabilidades y eso faculta a la diputada peticionante (en este caso, Estefanía Morales) a denunciarlo por la vía penal por el delito de incumplimiento de deberes”, indicó Jáuregui.

En ese contexto, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar dijo que Camacho está "obligado" a aclarar ante la Comisión las razones por las que firmó una disposición que vulneraría el artículo primero del Estatuto del Departamento de Santa Cruz.

“Todos deben saber que no vamos a permitir que se cometa ningún ilícito o irregularidad, sea del oficialismo o de la oposición”, sostuvo.