El Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda Social y Solidaria (FOGAVISS), fue oficializado ayer por autoridades del Gobierno y entidades financieras. Fue creado en el marco del Plan Nacional de Reactivación del Empleo y tiene como fideicomitente a la Agencia Estatal de Vivienda y permitirá, por primera vez, que la ciudadanía que gana tres sueldos mínimos acceda a tres tipos de modalidades de créditos de vivienda social: mejoramiento o refacción, construcción en terreno propio y compra de vivienda propia.

El monto para el mejoramiento de vivienda será de hasta 70.000 bolivianos, el segundo, de autoconstrucción, de hasta 150.000, mientras que el tercero, que tiene la opción de compra de una casa propia, no superará los 230.000 con una tasa de interés de 5.5%. Está dirigido a personas que ganen hasta 6.366.

Por su parte, el Banco de Desarrollo Productivo, para otorgar este Fondo de Garantía que cubre hasta un 85%, trabajará con la banca de pequeña y mediana empresa, cooperativas de ahorro y crédito, además de entidades financieras de apoyo a la vivienda. 

El viceministro de Vivienda, Vladimir Ameller, informó que los nuevos créditos que se otorgarán, a partir de la creación del Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria (Fogaviss), serán en beneficio de las personas que ganan menos.

Asimismo, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, explicó que la tercera modalidad de crédito será canalizada mediante la banca, y el ciudadano podrá acercarse para obtener un crédito y comprar, por ejemplo, una vivienda de 100 metros cuadrados con 150.000.

Según cifras de la Agencia Estatal de Vivienda, unos 880.000 ciudadanos tienen déficit habitacional y, si bien la mayoría cuenta con un techo, sería en condiciones precarias. Este fondo tiene el fin de mejorar la economía, fomentar el sector de la construcción y fundamentalmente cubrir el déficit y la calidad de vivienda en Bolivia.

El presidente del directorio del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), Jorge Alberto Ortiz, mencionó que se darán las condiciones a las entidades financieras y empresas del sector inmobiliario para que impulsen al mercado de vivienda social.