La crisis del COVID-19 en Bolivia dejó, el año pasado, pobreza en los trabajadores, además de pesimismo e incertidumbre por el futuro. 

El Centro de Estudios para el Desarrollo laboral y Agrario (Cedla) presentó el informe “Pobreza multidimensional y efecto de la crisis del COVID-19 en Bolivia 2021” en el que advierte que la precariedad laboral aumenta y lleva también a la desigualdad de género.

El desafío, aunque difícil de alcanzar, es la recuperación del empleo asalariado mientras sigue la pandemia con sus efectos económicos y, hasta el año pasado, la falta de medidas para impulsar la reactivación productiva con objetivos de generación de empleo.

La pobreza multidimensional se requiere a que tienen acceso desigual a recursos, a oportunidades, al poder y voz, a la seguridad y la justicia, lo que afecta el ejercicio de sus derechos.

Los datos muestran que la mitad (50%) de los trabajadores urbanos son pobres y que el 70% tienen empleos precarios, es decir que viven con bajos salarios, sin protección social y sin estabilidad. 

Por otro lado, se estima que el 90% de personas con trabajo precario extremo son pobres y que el 30% vio deteriorar su situación durante la pandemia.

A su vez, dos de cada cinco son asalariados; y tres de cinco trabajan por cuenta propia o en unidades económicas familiares.

“Los pobres se ocupan, sobre todo, en actividades por cuenta propia, negocios familiares y en pequeñas y micro unidades económicas donde tienen ingresos bajos y fluctuantes. Las mujeres y jóvenes predominan en estas actividades”, dice el documento.

Los “no pobres” presentaron una estabilidad relativa e incluso una mejora en algunas de las condiciones laborales. La mayoría son asalariados estables de los sectores público y privado.

En el caso de los trabajadores rurales son aún más pobres, se explica. Siete de cada 10 de ellos viven en condiciones de pobreza multidimensional.

Los trabajadores asalariados del área rural tienen una drástica reducción de la demanda de fuerza de trabajo en actividades agropecuarias y no agropecuarias, en especial.

PRECARIEDAD Otros datos muestran que siete de cada 10, hasta el año pasado, tuvieron un salario menor al que ganaban antes de la pandemia. Por otro lado, el 60% tuvo un ingreso igual o menor a un Salario Mínimo Nacional que era de 2.164 bolivianos mientras el 80% no gozó de protección social ni estabilidad y el 50% no aportó a las AFP (Administradoras del Fondo de Pensiones) ni tienen seguro.

A esto se suma que el 60% sufre cambios en su jornada laboral, es decir que hay una subutilización global de la fuerza de trabajo y esta situación se amplía.

“Predominan las contrataciones temporales, a plazo fijo o por obra o servicio y sujetas a modalidades de tercerización y subcontratación que encubren relaciones laborales bajo contratos civiles, para eludir los derechos dispuestos por la ley”, continúa el informe.

DESEMPLEO De acuerdo con los datos expuestos en este documento, la tasa de desempleo urbano aumentó de 4.9% en 2019 a 7.6% en 2021. Desde el Gobierno admiten que este es un problema, más aún cuando las cifras no son nada favorables para las mujeres, que tienen una tasa de desocupación del 8.5% mientras que de los adolescentes es por encima del 12%.

En general, el desempleo y la inactividad forzada alcanza al 40% de los trabajadores.

Estos datos se explican en el documento tanto por el aumento de la ocupación precaria en actividades realizadas por cuenta propia como por el desaliento en la búsqueda de empleo “que lleva a la inactividad forzada o salida temporal del mercado laboral, más que por la recuperación de la oferta de empleos asalariados”. Ven como una ilusión la mejora de las oportunidades de ocupación y que el mercado de trabajo está en aumento.

“No puede afirmarse que el país hubiera ingresado a un escenario de franca recuperación del empleo, considerando el desempleo como único indicador”, concluye.

ALERTA El secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ya lo dijo antes: “la pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica, una crisis social y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”. 

“En Bolivia, se puede añadir que está exacerbando una crisis política que ya es una constante mientras que las decisiones necesarias para afrontarlas continúan siendo postergadas y sus efectos atraviesan a todas las dimensiones de la vida y se suman a las desigualdades que se han venido acumulando, profundizando la diferenciación social y la pobreza”, se lee en el informe.

Desde la Defensoría del Pueblo alertan de una vulneración de derechos laborales que es preocupante, en medio de la pandemia, pese a que el Gobierno emitió disposiciones que prohibían los despidos y la violación de los derechos adquiridos. 

Solo en 2020 de 587 denuncias realizadas, la mayoría son por afectación a la inamovilidad y estabilidad laboral (239); pago de salario justo (124); derecho a un empleo digno (61); acoso laboral y/o sexual (49); vacación remunerada (32); seguridad y salud ocupacional (29); limitación a la jornada de trabajo (12) y cobertura de otros beneficios laborales (35).

Por otro lado, la encuesta del Cedla concluye que la situación laboral y económica empeoraron. Seis de cada 10 coinciden que su situación laboral y económica empeoró; cuatro de cada 10 no presentaron cambios en su trabajo; y tres de cada 10 en su economía. Son pocos los que refieren alguna mejora. 

La sensación de pesimismo con respecto a algún cambio en esta situación en el país se impone en un 40.6% de los encuestados y se suma un 27.2% con incertidumbre e indiferencia.

Esto significa que siete de cada 10 miran los acontecimientos con cautela y esperan cambios inmediatos en sus condiciones de vida. Solo tres de cada 10 manifiesta optimismo. Los datos muestran que la población más pobre es más pesimista y expresa mayor incertidumbre en el futuro.

Hogares viven con deuda, sin ahorros ni alimentos

Las nuevas evidencias que deja este informe sobre las consecuencias de la pandemia de COVID-19 pasan por el hambre que sufren las familias, la falta de ahorros y con deudas.

“Los pobres pierden más”, se reveló.

Se estimó que la mitad de los hogares tuvo deudas hasta el año pasado y la proyección es que esta situación continúe.

Con referencia a la seguridad alimentaria, el documento señala que uno de cada 10 hogares duerme con hambre; y dos de cada 10 no tienen los alimentos suficientes. A esto se suma que 4 de cada 10 disminuyen el consumo de alimentos nutritivos a raíz de la falta de recursos.

La situación es más grave cuando se habla de un 90% de hogares pobres por insuficiencia de ingresos para cubrir el costo de la canasta familiar. Y es que el salario mínimo nacional, que era de 2.164 bolivianos, solo sirve para cubrir el 80% de esta canasta básica.

Los datos también reflejan que seis de cada 10 hogares no cuentan con un ingreso por persona suficiente para cubrirla.

El informe identificó los hogares pobres donde predominan productores campesinos, obreros agrícolas y no agrícolas, trabajadores por cuenta propia, empleados en puestos menos calificados y las trabajadoras del hogar.

Hasta julio de 2021, seis de cada 10 hogares urbanos declararon una disminución del ingreso y de ellos, el 30% informó de dificultades para llegar a fin de mes mientras el 50% dijo que les alcanza justo. 

En el área rural, esa disminución de ingresos afectó al 81% de los hogares bolivianos.

De ellos, más de la mitad tuvo que sacar sus ahorros y endeudarse para cubrir las necesidades urgentes y vender sus bienes ante la falta de ingresos laborales.

El 48% se prestó dinero para invertir en actividades económicas, mejoramiento o compra de vivienda y ahora tienen dificultades para cubrir la deuda.

“Es previsible que los efectos de la pandemia sobre la actividad productiva sigan repercutiendo en la disminución o estancamiento del ingreso de los hogares, sobre todo por la pérdida de autonomía económica de las mujeres y de los jóvenes, entre estos, de los más escolarizados”, señala el informe.