Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 05 de diciembre de 2021
  • Actualizado 20:14

Control de ganancias marcha en paquete de 4 leyes; 2 se aplican

Sectores siguen en apronte y piden la abrogación de la Ley 1386, principalmente. Diputados de la oposición se suman al pedido. Un proyecto de ley fue retirado de la Asamblea bajo presión.
Protesta de gremiales  contra la ley 1386, en Cochabamba. DICO SOLÍS
Protesta de gremiales contra la ley 1386, en Cochabamba. DICO SOLÍS
Control de ganancias marcha en paquete de 4 leyes; 2 se aplican

El control de las ganancias está incluido en un paquete de 4 leyes que son impulsadas por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

Dos de ellas están en vigencia mientras que la Ley 218 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, fue retirada de su tratamiento en la Asamblea Legislativa bajo presión de diferentes sectores de la población que advierten riesgos, por ejemplo, contra la libertad de expresión y los "poderes extraordinarios" que se da a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar las cuentas.

Se suma la Ley 298 sobre el Registro de Comercio que estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Ahora van tras otras dos normas, en busca de su abrogación. Se trata de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, del 16 de agosto; la 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, del 27 de agosto.

En las redes sociales existe una campaña en la que además apuntan a la Ley del INE, Fundempresa y de Derechos Reales como atentatorias contra la economía de la ciudadanía y advierten con persecución penal.

Aunque el Gobierno defiende las disposiciones para identificar cuáles son las ganancias ilícitas, desde el otro lado, se refieren a un cambio del modelo económico y legal que afecta a algunos sectores. También denuncian que hay el riesgo de que ya no se presuma la inocencia, sino directamente la culpabilidad y se vulnere ciertos derechos. Otra interpretación apunta a la persecución penal y muestra preocupación por el instructivo a los notarios de Fe Pública de la UIF para “remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente (PEP) con referencia a documentos relacionados a la compra y venta de bienes muebles sujetos a registro e inmuebles, así como a la constitución de sociedades y modificación o disolución de las mismas”.

CUATRO LEYES

El paquete de cuatro leyes tiene que ver con las ganancias de los ciudadanos. 

1. La Ley 1386 instruye el seguimiento y monitoreo de diferentes actividades a la UIF y el reporte respectivo al Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En su disposición final establece que la Aduana Nacional ejercerá las atribuciones para realizar el control de internación y salida física de dinero y de instrumentos negociables con potestad para imponer sanciones a quienes no presenten la declaración jurada correspondiente. A su vez, se aplica cuando, “en dicha declaración no se hubiera consignado el monto o éste sea impreciso en relación al transportado o cuando no se cumpliera con la presentación de la autorización debida”.

2. La Ley 1390 tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en el marco de la Ley 004 del 31 de marzo de 2010 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

A su vez, la norma está destinada a investigar, procesar y sancionar actos de corrupción “cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como efectivizar la recuperación del patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes”. También hace referencia a modificaciones al Código Penal para que no proceda la prescripción de la pena, en delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado y la inclusión de los delitos de infidencia económica, con privación de libertad de 2 a 4 años; las sociedades o asociaciones ficticias o simuladas, de 3 a 6 años; y conducta antieconómica, de 3 a 8 años.

La Ley 004 menciona como grave daño económica la afectación ocasionada al Estado, cuyo detrimento sea igual o superior a Bs 7 millones o cuando sea producida por la máxima autoridad ejecutiva. También incorpora la reparación económica en un plazo máximo de 3 días desde la comunicación de la ejecutoria de la sentencia.

3. El proyecto de ley 298 permite la creación, organización, funcionamiento y financiamiento de la nueva institución pública a cargo del Registro de Comercio, bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. También se deroga el artículo 18 de la Ley 2196 de 4 de mayo de 2001, del Fondo Especial de Reactivación Económica y de Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera que se refería a la concesión temporal del servicio público de registro a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, mediante el procedimiento de licitación pública.

4. Finalmente, el proyecto de ley 218, que fue retirado, tenía por objeto establecer acciones y procedimientos para prevenir, investigar, procesar y sancionar este tipo de delitos, así como implementar mecanismos de prevención. 

Su aplicación alcanza a instituciones públicas y privadas; y personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

La norma, de 59 artículos, en su primer capítulo, señala como sujeto obligado a “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante Resolución Administrativa incluya en el ámbito de su regulación”.

Gobierno analiza otras salidas 

El Gobierno ve imposible reponer el proyecto de ley 218 en esta gestión y de hacerlo plantea un referéndum consultivo previo a un proceso de socialización de la norma con las respectivas modificaciones en base a las observaciones actuales. 

Así lo hizo conocer el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, según Urgente.bo.

"Podemos trabajar en sus artículos, seguramente, con la necesaria socialización y explicación. Yo diría, si una ley es muy cuestionada hay que someterla a todos los filtros posibles, es decir, de consulta previa al Tribunal Constitucional para que determine su constitucionalidad y en su caso la Constitución nos autoriza presentar un referendo aprobatorio de la ley si es necesario", manifestó.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que no hay posibilidad de que se reponga la ley 218, sin embargo, aseguró que se cumplirá con las obligaciones internacionales, pero no será a través de una normativa. Agregó que ese es el compromiso que se tiene con el presidente Luis Arce.

“El estado evaluará con la comisión la situación para plasmar los encargos del organismo, aunque será sin la ley proyectada”, indicó.

Este año está previsto que, a mediados de noviembre, llegue una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones. Así lo informó anteriormente la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco.

La tensión continúa y los plazos corren

La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo tensiona al país.

Diferentes sectores piden su abrogación, después de dos meses de su publicación y puesta en vigencia.

Los gremiales del país dieron un plazo hasta el miércoles al Gobierno para la abrogación de la ley 1386 sobre ganancias ilícitas y advierten con un paro indefinido y marchas. La decisión fue asumida en un ampliado que se realizó el viernes en Cochabamba. Se suman los transportistas, que también se declararon en emergencia.

“La 1386, que había sido la madre de la ley 218, atenta contra toda la familia de gremiales y en el ampliado recién nos dimos cuenta. El Estado ya se hizo cargo de Derechos Reales y ahora se harán cargo de nuestras cuentas, por eso damos un plazo de 72 horas, caso contrario habrá una movilización a nivel nacional”, dijo el ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Toño Siñani.

Por otro lado, el jefe de bancada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, anunció la presentación de un proyecto de ley para que se deje sin efecto esa ley y su anexo debido a que, en su criterio, se podría afectar al sector informal.

“Esta estrategia en la mayoría de su contenido tiene que ver con leyes futuras como la que en ha retirado el día de ayer, pero hay un punto que es que es directamente operativo y que no requiere una ley y que precisamente se refiere al sector informal de la economía”, afirmó.

Según el legislador opositor, el sector informal del país es el que “mayor riesgo” corre al ser controlado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Banco Central de Bolivia (BCB), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), entre otros.

Para Alarcón, la ley vigente “ya tiene una aplicación operativa, directa” mediante una comisión del Ejecutivo que busca afectar a los gremiales.

Desde Creemos, el diputado Erwin Bazán informó de la presentación al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, de un proyecto de ley para la abrogación de la ley 1386.

“En su momento denunciamos esta ley que fue aprobada por el rodillo masista. Una ley que tienen como objetivo estratégico el control absoluto y autoritario a través de políticas que pueden ser implementadas por cualquier Gobierno de turno”, escribió en su cuenta de Twitter junto a la copia de la misiva.

También denunció que el Gobierno central tiene el deseo del control total de la población y acabar con quien piensa diferente.

Consultada al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que la Ley 1386 forma parte de una política del Gobierno en la estrategia en contra de los delitos de la legitimación de ganancias ilícitas.

“La ley de estrategia de legitimación viene a ser parte de una política que nosotros venimos desarrollando desde 2006, no es nada nuevo y esto no tiene que alarmar a sectores populares, trabajadores que con honestidad llevan el pan cada día a sus casas”, aseguró.

El ministro de Justicia, Iván Lima, negó que exista una relación entre la Ley 1386 y el Proyecto de Ley 218 que fue retirado por el Gobierno porque la primera no tiene carácter vinculante.

"La situación que se ha presentado con la ley 1386, que aprueba la estrategia nacional, tiene que ver con una política integral, no afecta la materia penal que estaba regulada en el proyecto de ley que ha sido retirado", manifestó.