Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 02 de julio de 2022
  • Actualizado 19:05

Consejo de la Magistratura interviene juzgados de ejecución penal y habrá sanciones

Los funcionarios fiscalizarán los procesos que llevan los juzgados y, en caso de encontrar irregularidades, se identificará y sancionará a los responsables.

Edificio del Órgano Judicial. ERBOL
Edificio del Órgano Judicial. ERBOL
Consejo de la Magistratura interviene juzgados de ejecución penal y habrá sanciones

Una comisión distrital del Consejo de la Magistratura comenzó la mañana de este jueves con la intervención de los juzgados de ejecución penal de la ciudad de Sucre; sin embargo, esta acción se realiza de manera simultánea a nivel nacional.

El director nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Carlos Ramos, informó que se elaboró un plan de intervención a nivel nacional para que sea ejecutado en todos los juzgados.

“Es un trabajo técnico que tiene por objeto el correcto funcionamiento de los juzgados de ejecución penal y en el caso de evidenciar algún indicio o hallazgo que advierta algún nivel de responsabilidad sea penal o disciplinario, obviamente, las autoridades e instancias correspondientes procesaremos las denuncias (…) Este trabajo lo estamos realizando de manera simultánea en todo el país”, aseveró Ramos.

Aseveró que, en La Paz, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, desarrolla este trabajo; en tanto, en Cochabamba, está la decana Mirtha Meneses y de la misma forma las representaciones departamentales ejecutan esta intervención.

Por su parte, Américo Aranibar, integrante del Consejo de la Magistratura, aseveró que esta intervención es una instrucción de Sala Plena.

“Se ha instruido que en todos los departamentos a nivel nacional se realicen las intervenciones correspondientes, el respectivo control y fiscalización a los juzgados de ejecución penal”, informó el director del Consejo de la Magistratura,

Detalló que estos controles se realizarán a nivel nacional con el objetivo de fiscalizar todos los procesos penales y verificar que no existan irregularidades como las que se detectaron en la ciudad de La Paz, donde un “consorcio de jueces y abogados” benefició al feminicida Richard Choque Flores y le dieron detención domiciliaria pese a tener una sentencia ejecutoriada sin derecho a indulto.