Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 15 de junio de 2024
  • Actualizado 12:18

El conflicto cocalero se agrava por detenidos, ‘tortura’ y ‘financiadores’

Defensoría del Pueblo reporta que 11 de 24 productores fueron agredidos por la Policía y cuestiona su presentación pública que vulnera la presunción de inocencia. Hay llamados al diálogo.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la presentación de los detenidos. 	APG
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la presentación de los detenidos. APG
El conflicto cocalero se agrava por detenidos, ‘tortura’ y ‘financiadores’

El conflicto cocalero por el mercado ilegal de hoja de coca en La Paz, después de tres días de enfrentamiento con las fuerzas del orden, se agrava con la detención de 24 productores de coca, denuncias de tortura y de financiamiento.

Una marcha llegó hasta dependencias policiales para exigir la liberación de sus compañeros aprehendidos tras las movilizaciones y acusados de portar al menos 70 dispositivos explosivos y nueve envases de Anfo (detonantes).

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo estableció que 11 de los 24 arrestados fueron golpeados por uniformados de la Policía, pero no revisten gravedad.

También recordó a la Policía que según el artículo 223 de la Constitución Política del Estado, los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones, lo que no hizo porque restringió su investigación sobre la situación de las personas en celdas policiales, además que vulneró la presunción de inocencia con el arresto de personas ajenas al conflicto y la presentación pública de detenidos.

“El personal policial no ha considerado el mandato legal como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por lo que en caso de continuar con esta actitud la Defensoría del Pueblo interpondrá las acciones correspondientes contra el funcionario o autoridad que restrinja el cumplimiento de sus funciones”, dice el documento.

Asimismo, advierte que el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal determina que los miembros de la Policía “no permitirán que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social”.

Más temprano el abogado Gualberto Cusi denunció tortura y lamentó que muchos de ellos hayan sido sacados de casas particulares sin orden de allanamiento. Advirtió que ninguno dio su consentimiento para ser exhibidos a los medios de prensa.

REACCIONES

El sector liderado por el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, culpa a Del Castillo por sus acciones “que alejan el diálogo”, por lo que se mantienen las medidas de presión. Ayer la autoridad exhibió a los detenidos, 19 varones y cinco mujeres, ante los diferentes medios de prensa y llamó “delincuentes”, “vándalos” y parte de una “organización criminal”.

También informó de una investigación sobre los “nexos” y “financiadores” de la movilización tras revelar que las 24 personas aprehendidas tenían teléfonos celulares con líneas de la República de Chile en busca de “generar terror” y el secuestro de efectivos policiales y hasta quitarles la vida.

Para el abogado indígena y exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, afirmó que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cometió un “grave error” al hacer las acusaciones sin “evidencia alguna clara” y vulnerando sus derechos humanos de presunción de inocencia.

Los productores, a su vez, apuntan al expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por dirigir el conflicto junto al grupo de Arnold Alanes para evitar el cierre del mercado paralelo. 

Morales, a través de sus redes, denunció una campaña de mentira por pretenderlo involucrar en el conflicto. 

“Como dirigentes responsables nunca vamos a provocar la división en nuestras organizaciones. Somos de la cultura de la paz y el diálogo”, se lee.

Alanes expresó sus sospechas respecto a una presunta injerencia y financiamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Asimismo, mencionó a empresarios de la Cainco.  

DIÁLOGO

Desde la Defensoría del Pueblo hacen un nuevo llamado a buscar espacios de diálogo en busca de frenar la violencia y reiteró su voluntad de mediar en el conflicto. 

Exhortó a que, en el marco de la cultura de paz y respeto a los derechos humanos, depongan actitudes para evitar que la situación de conflictividad se agrave. 

A pesar de que para Del Castillo el conflicto de Adepcoca es un asunto privado y orgánico que debe ser resuelto entre sus afiliados, dijo que hará los esfuerzos para hacer que los dos sectores en disputa encuentren un espacio de diálogo y alcancen acuerdos. 

El dirigente Machicado advirtió que los ánimos están caldeados y dijo al ministro Del Castillo que si no tiene la capacidad de resolver este conflicto “por lo menos tenga la capacidad de ser intermediario y permitir que nuestro sector se reúna con la primera autoridad del Estado”.

“El ministro de Gobierno ha llegado muy lejos ya, entonces, por esa razón nosotros vamos a tomar medidas”, sostuvo, según ERBOL.

Por su parte el alcalde de La Paz, Iván Arias, lamentó que no exista ninguna autoridad que ponga orden o intente convocar al diálogo por lo que se ofreció como mediador y las instalaciones municipales.

Por la paz y con banderas blancas

Vecinos de Villa El Carmen que en los últimos días usaron banderas blancas en sus viviendas como un mensaje de que quieren paz en la zona bloquearon la plaza del Maestro para exigir una atención al conflicto.

Al grito de “tengan piedad” se reunieron para señalar que están cansados de los dinamitazos y gasificaciones.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz se movilizó exigiendo que el Gobierno intervenga y pidió paz para las zonas afectadas en los enfrentamientos.

"Pedimos al Gobierno que medie, a la iglesia que medie y también a derechos humanos. El señor ministro no está haciendo su trabajo a ustedes (cocaleros) como yungueños los está tratando mal, nosotros estamos pidiendo paz, pidiendo que se pacifique y se ratifique esto", señaló uno de los dirigentes de zona, citado por Urgente.bo.

Fejuve pide cierre del mercado paralelo que está a la cabeza de Arnold Alanes, ubicado en Villa El Carmen, y que ambos bandos de cocaleros se unan en uno solo.

Entre tanto, el sector de Alanes, que en reiteradas ocasiones negó ser afín al MAS, convocó a una marcha con banderas blancas para el próximo lunes “por el cese de la violencia y el enfrentamiento”.

“Esperemos llegar a los corazones de aquellos compañeros que están generando tanta violencia”, manifestó a tiempo de referirse a la instalación de una asamblea en la que se emitirá un pliego petitorio.