El conflicto entre el Gobierno y la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, que data desde 2017 por la vigencia de la nueva Ley de la Coca y la apertura de un mercado paralelo de la hoja, ya dejó ocho víctimas fatales, entre ellas dos policías, en una serie de emboscadas, atentados y enfrentamientos.

Este último comenzó hace siete días y el lunes una persona fue gravemente herida con un cachorro de dinamita.  La probabilidad de vida de Plácido Coto es solo del 20% y su situación de salud es crítica tras perder parte del brazo izquierdo y sufrir daños en sus órganos vitales.

El pedido es el cierre del mercado paralelo en Villa El Carmen que está al mando de Arnold Alanes, dirigente acusado de ser afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El diálogo, promovido por el Gobierno y la Defensoría del Pueblo, fracasó porque el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, pidió cualquier acercamiento directamente con el Primer Mandatario y tras el cierre del mercado paralelo, además de la liberación de los detenidos.

LOS HECHOS

El conflicto comenzó el 8 de marzo de 2017 tras la promulgación de la Ley General de la Coca que amplía de 12.000 a 22.000 hectáreas los cultivos legales, de los cuáles 14.300 son para Yungas y 7.700 para el trópico de Cochabamba. Ante el rechazo de la erradicación, el 24 de agosto de 2018 se tuvo la primera víctima mortal. La Policía denunció una supuesta emboscada de comunarios a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el puente San Antonio, La Asunta, donde falleció el teniente Daynor Sandoval y el 28 de agosto, el hijo del dirigente de La Asunta, Freddy Quispe, apareció muerto en un río. Un día después, los cocaleros Eliseo Choque (31) y Carlos Vega (54) murieron por impactos de bala. Ya en junio de 2019, fallecieron Eduardo Apaza, secretario de hacienda del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), y Miguel Coico, dirigente de Adepcoca. 

Posteriormente, el 3 de julio, el cabo Miguel Ángel Quispe falleció en un enfrentamiento en Yungas, cuando los cocaleros de la Adepcoca querían impedir la realización de una asamblea promovida por afines al MAS.

En marzo de 2021, el conflicto se reactivó, debido a que Elena Flores, dirigente afín al MAS, inauguró el mercado de la coca paralelo en Kalajahuira, el mismo que fue cerrado luego de movilizaciones de protesta de la Adepcoca, que defendía su mercado de Villa Fátima. En septiembre, Flores fue sustituida por Arnold Alanes y tomó las instalaciones de Villa Fátima. Tras una serie de enfrentamientos los cocaleros yungueños de la Adepcoca “orgánica” retomaron el control de la sede. El 10 de octubre de 2021, se lamentó la muerte de un cocalero que hacía vigilia en el mercado de Villa Fátima, debido a que ese día se registró el segundo atentado con el uso de dinamita, en menos de una semana.