Los exfuncionarios Francisco Udaeta, Ximena Rivero, Marcelo Magariños, Javier Alarcón, Alfredo Viscarra y Víctor Hugo Toranzos fueron condenados con penas de entre 5 y 10 años de reclusión por las irregularidades en la venta de las acciones de la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC) a Soelbo con fondos provenientes de la misma empresa y su posterior venta a Comteco hace 10 años.

Por este mismo caso, A.V., uno de los imputados, fue absuelto.

El Tribunal de Sentencia número 3 de Cochabamba dictó sentencia de 10 años contra Udaeta y Rivero por la comisión de los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, sociedades ficticias y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Ambos exfuncionarios deberán cumplir sus penas privativas de libertad en el penal de San Sebastián varones y San Sebastián mujeres, respectivamente.   

Magariños y Alarcón también fueron declarados responsables de la comisión de los mismos delitos. En ese marco, ambos deben cumplir 8 años de privación de libertad, también en el penal de San Sebastián. 

El Tribunal de Justicia también encontró culpable a Viscarra y se le aplicó una pena de 5 años al igual que Toranzos.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

El 2007, el grupo de ejecutivos de ELFEC y la dirigencia sindical convencieron al accionista P.P.L.G. de retirar sus inversiones en ELFEC e Integra bajo el pretexto de una nacionalización de parte del Gobierno de ese entonces, según un boletín de prensa de ENDE Corporación. 

En julio de ese año, crearon cuentas bancarias de ELFEC en EEUU en el JP Morgan Bank, acreditando los directores del inversionista (PPL), como titulares de la cuenta. Los ejecutivos realizaron remesas de los dineros de ELFEC por $us 11 millones, los cuales fueron retirados por el inversionista y estas transacciones bancarias nunca fueron registradas en la contabilidad de ELFEC. Con esta salida de dinero se hicieron transferir la propiedad de las acciones de ELFEC e Integra para lo cual crearon tres empresas de papel en Panamá, mediante el famoso estudio de abogados Mossack Fonseca. En esta operación involucraron a todos los trabajadores para que se hagan del 40% de las acciones, empleando como argumento los beneficios sociales de los trabajadores, los cuales no fueron efectivamente pagados.

Para ello, reunieron $us 11  millones con el objetivo de cubrir el monto restante, que era falso. Se inventaron un socio estratégico que nunca existió. Ni los ejecutivos ni los trabajadores erogaron un solo dólar en la compra de las empresas, por cuanto esta transacción se realizó con el dinero de la empresa.

El año 2010, durante la intervención de ELFEC se investigó todo el actuar de los exejecutivos y el año 2011 se presentó la denuncia penal mientras que un año después, impuestos nacionales realizó una auditoría de las remesas al exterior y como no tenían ningún respaldo emitieron  una Vista de Cargo por Bs 27 millones por no pagar impuestos de remesas al exterior. El monto fue honrado por ELFEC, una vez recuperado por el Estado, pagando Bs 22 millones.

“En la gestión 2020 el Ministro de la expresidenta Jeanine Áñez, Arturo Murillo, intenta a través de un Decreto Supremo, devolver las acciones a los ilegítimos detentadores de las acciones”, concluye la nota.