Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 29 de noviembre de 2021
  • Actualizado 23:41

Tres comunidades en Trinidad pedían permiso a un privado para enterrar a sus muertos

Por esta intervención técnica del INRA, más de 110 familias de las tres comunidades se vieron afectadas, debiendo incluso pedir permiso al propietario del predio donde se encontraba el cementerio cada vez que debían enterrar a sus muertos.

Comunarios en Trinidad.
Comunarios en Trinidad.
Tres comunidades en Trinidad pedían permiso a un privado para enterrar a sus muertos

Vecinos de las comunidades de Villa Banzer, Buen Jesús y Abacuya, en Trinidad, Beni, ahora pueden enterrar a sus muertos sin ninguna restricción, gracias a la intervención de un juez agroambiental que eliminó las restricciones que tenían. La situación se tornó crítica durante la pandemia del COVID-19.

Esta situación se originó luego de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por error técnico de gabinete, saneara los predios del cementerio en favor del dueño de una propiedad contigua.

En el proceso de saneamiento que encaraba el INRA en esta zona, sus técnicos generaron dos puntos de gabinete en el que encerraban dentro de una propiedad privada, no solo al cementerio sino también a cinco viviendas de vecinos y una parte del camino de esta comunidad, según informó el juez agroambiental de Trinidad, Paul Cortéz, en una nota de prensa.

Por esta intervención técnica del INRA, más de 110 familias de las tres comunidades se vieron afectadas, debiendo incluso pedir permiso al propietario del predio donde se encontraba el cementerio cada vez que debían enterrar a sus muertos.

A solicitud de los afectados, el juez agroambiental propició un espacio de conciliación en el que se citó al propietario del predio y representantes de las tres comunidades, para llegar a un acuerdo. El propietario cedió en favor de la comunidad, todo el predio donde se encuentra el cementerio (6 hectáreas), las cinco casas más sus áreas de cultivo (3.3 hectáreas) y el camino; además, se instruyó que esta determinación sea inscrita, con los procedimientos correspondientes y el registro ante el INRA y oficinas de Derechos Reales.

“Esta una pequeña muestra de la contribución de la Jurisdicción Agroambiental a la paz social en el Estado Plurinacional de Bolivia”, finalizó Cortéz.