A menos de un mes de asumir el cargo como viceministro de Régimen Interior y Policía, el ex Defensor del Pueblo y excandidato a la alcaldía de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Nelson Cox, ya es presa de polémica por sus declaraciones en torno al ingreso de material bélico al país, durante los conflictos postelectorales de 2019, y la detención de uno de los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) y la Defensoría del Pueblo advierten abuso de poder de la autoridad de Gobierno.

Según el secretario jurídico de la APDHLP, Franco Albarracín, citado por ERBOL, se hizo una denuncia contra Cox ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). A su vez, comparó sus declaraciones a las del ministro del Interior de la dictadura militar (1980) Luis Arce Gómez, quien advirtió a opositores que debían andar con el testamento bajo el brazo.

“Según Nelson Cox deberíamos andar con el testamento bajo el brazo, pero como ellos controlan la justicia y es un contexto diferente al de la época de la dictadura, deberíamos andar con el memorial bajo el brazo”, manifestó.

Cox dijo el miércoles que se generaría responsabilidades a quienes intenten “confundir” a la población respecto a lo que denominó “golpe de Estado” en el contexto de la investigación del supuesto “tráfico ilícito de armas”. 

Para Albarracín, se estaría enjuiciando, deteniendo e incluso torturando a todos lo que opinen distinto a la versión del Gobierno y eso se constituye en una grave acción contra la libertad de expresión y garantías constitucionales. Asimismo, comparó al Viceministro con exministros como Arturo Murillo, Sacha Llorenti y Carlos Romero.

RESISTENCIA

En el caso de Mario Bascopé, uno de los líderes de la RJC, la denuncia de la APDHLP señala que, según monitoreo de prensa, Cox habría influido en la detención “arbitraria” de este ciudadano.

Bascopé fue detenido al momento de salir de la cárcel de Palmasola, de Santa Cruz y trasladado hasta Sucre para responder por otro caso referido a los destrozos en la Fiscalía, en 2020. 

Cox justificó la aprehensión, mientras que el Comité pro Santa Cruz y la familia de Bascopé denunciaron secuestro y torturas. Desde un centro médico, el miembro de la RJC confesó que fue golpeado en el estómago y la cabeza y ahora se encuentra bajo observación tras una cirugía de hernia umbilical. Negó los delitos de organización criminal, tenencia de artefactos explosivos y deterioro o destrucción de bienes del Estado y aseguró que en ese entonces no estaba en Sucre y desconoce de su citación. Pese a esto, la Fiscalía pidió su detención preventiva.

La Defensoría del Pueblo también se refirió a las declaraciones de Cox y recordó al Estado boliviano que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos establece la presunción de inocencia como un derecho humano y una garantía judicial, hasta que, luego de un proceso garantista, se demuestre la culpabilidad.

Mediante un comunicado informó que se lleva adelante una investigación sobre las circunstancias de la aprehensión y se espera el informe médico forense para establecer si existió vulneración a su derecho a la integridad física y psicológica durante su aprehensión y posterior traslado a la ciudad de Sucre.