Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 08 de agosto de 2020
  • Actualizado 10:30

Comisión de Diputados aprueba el proyecto de Ley de Garantías

"Hemos sido muy cuidadosos de que en esta ley estén todos los elementos de la Constitución, tratados y convenios de derechos humanos y no tiene ni una sola coma fuera de lugar que sea inconstitucional", aseguró.
Las asambleístas de Movimiento Al Socialismo Sonia Brito.
Las asambleístas de Movimiento Al Socialismo Sonia Brito.
Comisión de Diputados aprueba el proyecto de Ley de Garantías
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de Garantías para el ejercicio pleno de los Derechos Constitucionales, informó hoy la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito.

"El día de ayer con la presencia del oficialismo y oposición hemos aprobado en la Comisión de Derechos Humanos este documento y el día de hoy será tratado en la Cámara de Diputados", dijo a la ABI.

Brito explicó que la aprobación de ese proyecto en la comisión legislativa cumplió todos los requisitos establecidos en el reglamento interno del Órgano Legislativo y que se enmarca en los preseptos de la Constitución Política del Estado.

"Hemos sido muy cuidadosos de que en esta ley estén todos los elementos de la Constitución, tratados y convenios de derechos humanos y no tiene ni una sola coma fuera de lugar que sea inconstitucional", aseguró.

En contrapartida, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, dijo que la aprobación de ese proyecto de ley es inadmisible y lamentó que el MAS haya buscado una comisión donde tiene mayoría para tratar y aprobar ese documento, tras el rechazo de la Comisión de Constitución.

"Esto realmente es una mala señal para el país, falta nomas ya que nos propongan una ley donde se proteja a los rateros, a los ladrones, narcotraficantes y violadores", dijo en una entrevista con el canal Red Uno.

Asimismo, dijo que ese proyecto de ley no cumplió el reglamento interno correspondiente porque no fue consultado a los órganos Ejecutivo y Judicial, y menos al Tribunal Constitucional Plurinacional.