Stello Cochamanidis, director y secretario del Comité Pro Santa Cruz, aseguró este martes que las inspecciones en la Chiquitanía agotarán todos los recursos para evitar enfrentamientos en el desalojo de asentamientos ilegales en esa región.

"Nosotros en ningún momento buscamos generar violencia o entrar a un escenario de violencia, nosotros vamos a hacer todo de manera coordinada", manifestó Cochamanidis a Unitel.

El cívico indicó que visitarán los asentamientos para antes de cualquier desalojo, conversar con la gente, "hablar con ellos, va a ser costoso, con seguridad que sí, pero lo que nosotros estamos haciendo es totalmente legal y legítimo, sobre todo, porque es un clamor de toda la gente que se ha visto afectada en esto".

Remarcó que se irá avanzando paso a paso en las conversaciones, agotando todas las etapas "para que no se genere violencia".

La medida se realiza tras el cabildo organizado el viernes por el Comité Pro Santa Cruz que dio un plazo al INRA hasta el lunes al mediodía para que desaloje a los colonos de las tierras fiscales y áreas protegidas ilegales. Estiman que existen 1.650 asentamientos ilegales en los distintos municipios chiquitanos y la mayoría en reservas naturales.

"Lastimosamente, todo lo que ha sucedido en la Chiquitania nos ha dejado el resultado que se conoce por esta gente que de repente no tiene la culpa, sino por la gente que los trae a un lugar totalmente desconocido y no saben cómo se tiene que trabajar en este tipo de bosque", apuntó.

Los cívicos responsabilizan al Gobierno nacional de trasladar gente al oriente del país para conformar asentamientos sin contar con ningún tipo de documentación y en áreas no permitidas.

Ante la determinación del cabildo en Santa Cruz, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, pidió al Comité Pro Santa Cruz fabricar miles de ataúdes para desalojar a campesinos de la Chiquitanía, porque dice que "solo muertos" dejarán sus tierras.