El segundo vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, cuestionó la decisión de concentrar los recientes procesos abiertos por el paro de 36 días de Santa Cruz en La Paz y consideró que se debería trasladar a la capital oriental debido a que fue el lugar donde se suscitó la medida de presión.

“El hecho de que radique o no en La Paz, creo que no tendría efecto, porque si están acusando a personas de acá, por un hecho sucedido acá, tendría que hacerse en el lugar, en teoría en el origen de los delitos que se los acusa y, en este caso, correspondería a Santa Cruz”, afirmó.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció este lunes la decisión de que el proceso contra quienes encabezaron las movilizaciones de Santa Cruz será investigado en la Sede de Gobierno.

Entre los principales denunciados se encuentran el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.

Según Cochamanidis, hasta el momento no llegó ninguna notificación a Calvo, sin embargo, en caso de que se confirme, se lo analizará y se asumirá la defensa que corresponda.

“El Ministerio Público ha demostrado desde hace muchísimo tiempo que es totalmente servil a lo que desea el MAS y este caso parece no ser la excepción”, añadió.

Desde la Gobernación de Santa Cruz calificaron como una “persecución” en contra de los líderes cruceños debido al paro cívico y tampoco confirmaron sobre la notificación a Camacho.

RESPONSABILIDAD

La viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, cuestionó la posición del Comité Cívico de Santa Cruz al pretender eludir supuestas responsabilidades frente a los procesos activados ante la Fiscalía por los 36 días del paro cívico.

La autoridad afirmó que, además del daño económico en Santa Cruz que supera los $us 1.200 millones, se suscitaron hechos de violencia, discriminación, privación del derecho al trabajo y vulneraciones a los derechos humanos.

“Lo más fácil es señalar persecución política cuando se quiere evitar responsabilidades, pero aquello lo tiene que definir una investigación. Las denuncias han sido presentadas y eso está en esa instancia”, afirmó, consultada al respecto.