Los expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya están en Bolivia para iniciar un trabajo de investigación sobre los hechos suscitados en los cuatro meses de conflictos, entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, que derivaron en la muerte de más de una treintena de personas y violaciones a los derechos humanos.

Tras su presentación oficial y la firma del convenio de protocolo, una de sus primeras tareas será contactarse con las víctimas, en la búsqueda de la verdad para lograr justicia, paz social y reconciliación entre los bolivianos. También se recurrirá a la información que ofrezcan los expresidentes Evo Morales y Jeanine Áñez, exministros y otros.

Desde el Gobierno se comprometen a dar independencia y acceso a la información, a través de los archivos de las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía, el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Los documentos de las diferentes instituciones contienen información ‘reservada’ sobre los operativos, por ejemplo, de las fuerzas del orden durante los días de los conflictos, la cadena de mando, así como los avances en las investigaciones, declaraciones, pruebas y mucho más.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que todos los actores podrán ser escuchados.

EL TRABAJO

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) efectuará las indagaciones sobre lo sucedido en Senkata (El Alto-La Paz), Huayllani (Sacaba-Cochabamba) y otros hechos de violencia registrados en el país.

El informe final, tras las pesquisas, estará listo dentro de seis meses para ser entregado a la Fiscalía y se inicie las acciones correspondientes que permitan dar con los responsables.

En esa línea, Lima, pidió que en las indagaciones de todos los hechos en los que se vulneraron los derechos humanos participe el pueblo boliviano.

"Hay heridas abiertas y un proceso de reconstrucción de diálogo en el país. Lo que queremos es que este grupo y el trabajo que vamos a hacer con ustedes sea participativo, que sean escuchados todos los bolivianos, sin importar su visión política, su origen social y dinero que tengan", manifestó.

UN COMPROMISO

Por su parte, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flavia Piovesan, ratificó el pleno compromiso que asumió esta institución para contribuir al proceso de diálogo y reconciliación en el Estado Plurinacional de Bolivia con imparcialidad.

La Relatora agregó que desde la Comisión Interamericana se vio con mucha satisfacción la participación activa de la sociedad civil, plural, diferente y comprometida con el fortalecimiento del estado de derecho, del diálogo nacional, la búsqueda de la justicia y el derecho a la verdad.

Además, "estos constructivos sentimientos son replicados por las altas autoridades del Estado Plurinacional y por eso reiteramos al Estado boliviano, el apoyo más pleno, el compromiso irrestricto de la CIDH (para) el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos", insistió.

ANTECEDENTES

Una delegación de la CIDH arribó al país entre el 22 y 25 de noviembre de 2019 para reunirse con autoridades de distintos niveles, grupos de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad.

En esa oportunidad recibieron testimonios, documentación y llegaron hasta hospitales, centros de detención, despachos defensoriales y comunidades afectadas por la violencia. 

Un informe preliminar de la comisión, presentado en diciembre, da cuenta de que existieron “fuertes indicios de graves violaciones de derechos humanos". Calificó de "masacres" a las represiones militares en diferentes localidades del país, reportó ABI. 

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de El Alto espera que los especialistas ratifiquen el documento.

Gobierno: la justicia no es creíble

El canciller Rogelio Mayta afirmó ayer que se acudió a expertos internacionales para la investigación porque el sistema de administración judicial de Bolivia no es creíble y “eso tenemos que aceptarlo con hidalguía".

Espera que ese espacio de neutralidad institucional permita a los bolivianos conocer objetivamente sobre lo que pasó durante los luctuosos hechos que se suscitaron durante la etapa pre y postelectoral del año pasado, para identificar a los responsables con el fin de que sean sancionados y se repare a las víctimas.

La investigación se basará en tres ejes: la evaluación de las pesquisas que hizo el Estado; la realización de las indagaciones; y la reparación de las víctimas. 

El trabajo apunta a los asesinatos individuales o colectivos; la desaparición forzada de personas; los casos de tortura; las detenciones irregulares o arbitrarias; los actos de racismo o discriminación; las vulneraciones a la libertad de expresión; y la persecución judicial o extrajudicial. También indagarán los incendios y destrucciones a la propiedad pública o privada; las amenazas y hechos afines o similares cometidos en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales. 

Apuntes

LOS PERFILES

* Juan Méndez (Argentina) fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y Presidente de la CIDH. Se desempeñó como Comisionado Adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y trabajó con Human Rights Watch en asuntos de derechos humanos, en el hemisferio occidental. Es profesor de Derecho de los Derechos Humanos en la American University - Washington College of Law.

* Magdalena Correa Henao (Colombia) es doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Económico. Asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado, catedrática, investigadora y directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

* Julian Burger (Reino Unido) es profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex. Impartió cursos de Derechos Humanos en Londres y Madrid. Dirigió el programa sobre los pueblos indígenas y las minorías en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra.

* Marlon A. Weichert (Brasil) es Fiscal federal en Brasil desde 1995. Actualmente ejerce como Procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano. Es especialista en justicia transicional, seguridad pública, derechos humanos y empresas, y prevención de atrocidades masivas. Investigó violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Brasil e inició el programa para buscar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada.

* Patricia Tappatá Valdez (Argentina) es directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos - UNESCO, con sede en Buenos Aires. Trabajó para la defensa de los Derechos Humanos en Argentina, El Salvador, Haití y Perú. Se desempeñó como directora de la Comisión de la Verdad para El Salvador que investigó el conflicto armado de ese país. Fue consultora del PNUD en Haití Es miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

* Jaime Vidal Melero (Chile) es Coordinador de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la CIDH y fungirá como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia.