Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 24 de octubre de 2021
  • Actualizado 20:39

CIDH admite denuncia de Reyes Villa contra Evo por ‘Enero negro’

El Estado de Bolivia es investigado por atentar contra la vida y los derechos políticos, principalmente, del actual alcalde de Cochabamba y exprefecto.

El exprefecto y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (i). La quema de la Prefectura en 2007 (d). ARCHIVO
El exprefecto y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (i). La quema de la Prefectura en 2007 (d). ARCHIVO
CIDH admite denuncia de Reyes Villa contra Evo por ‘Enero negro’

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene los ojos puestos en Bolivia por diferentes irregularidades. Su última intervención fue a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación de los conflictos postelectorales de 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales y durante la gestión de Jeanine Áñez.

El informe final fue entregado ayer al Gobierno y se hará público el 5 de agosto.

La comisión tiene como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en ese marco, esta gestión admitió cinco denuncias en contra del Estado de Bolivia, una de ellas del exprefecto y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por lo sucesos ocurridos durante el conflicto conocido como “Enero negro”.

La petición fue hecha el 14 de agosto de 2008 y la notificación con la admisión corresponde a mayo de este año. 

El proceso continúa con un análisis del fondo de la cuestión, el mismo que será incluido en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Al final, el caso puede ser remitido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su procesamiento. 

Reyes Villa denunció atentado contra su vida e integridad personal por grupos irregulares “que habría contado con la aquiescencia del gobierno”; la ausencia de protección judicial “por la inoperatividad del TC (Tribunal Constitucional)” y uso de procesos penales en su contra sin las debidas garantías judiciales.

“La CIDH destaca que, si bien el presente caso se enmarca en un contexto político particular, su análisis de fondo únicamente estará enfocado en los aspectos jurídicos relativos al respeto y garantía de los derechos citados”, refiere el documento.

LOS HECHOS

Reyes Villa inició su mandato como prefecto en 2005 y dos años más tarde enfrentó uno de los peores conflictos de su gestión. Se conoció como “Enero negro” por la quema de la Prefectura el 11 de enero de 2007 y enfrentamientos que dejaron un saldo de tres muertos. 

Los sectores movilizados tenían como finalidad sacarlo de su cargo público. Reyes Villa identificó a grupos irregulares de militares, cocaleros y otros seguidores del partido de Gobierno como quienes atentaron contra su integridad.

Ese fatídico día huyó por la puerta trasera del edificio prefectural que se encontraba en llamas. Salió a bordo de un tanque antidisturbios y luego dejó el país. Su retorno solo fue posible con la intervención de la Unión Europea.

En 2008 fue revocado como prefecto del departamento de Cochabamba, medida que se atribuyó al partido de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Primer Mandatario, Evo Morales, que promulgó leyes e inició procesos penales “sin las debidas garantías judiciales” en su contra acusándole por delitos de corrupción. 

En el documento, en el que se hace relación de los hechos, se señala que Reyes Villa siguió sufriendo amenazas, incluyendo un intento de secuestro a sus hijos. A esto se suma lo que se considera persecución política a las autoridades opositoras. Fue en 2008 que el Congreso promulgó la Ley 3850 para la realización de un referéndum revocatorio y la Corte Nacional Electoral (CNE) estableció el proceso electoral para el 10 de agosto de ese año.

En medio hubo una serie de intentos de suspenderlo, pero incluso le costó el cargo a una magistrada del Tribunal Constitucional (TC) por lo que se dio la revocatoria de su mandato. 

LOS PROCESOS

La “persecución política” continuó cuando en 2009 anunció su candidatura a la presidencia del país. El informe señala que el gobierno interpuso hasta 19 acciones penales, de las cuales dos son por irregularidades en la construcción del puente Río Sacambaya y el camino Vinto-Sacambaya.

Reyes Villa defendió que por su fuero político correspondía un juicio de responsabilidades, sin embargo, fue rechazado.

“El peticionario aduce que, debido a la persecución política y a la inefectividad de los recursos judiciales, a finales de 2009 la presunta víctima se exilió en Estados Unidos. Argumenta que el 21 de marzo de 2010 el Congreso promulgó la Ley Contra la Corrupción, la cual modificó varias disposiciones del Código Penal, instaurando, entre otros elementos, el uso del juicio oral en contra del acusado que se encuentra en rebeldía y agravantes más severas a los tipos penales de corrupción”, dice el documento.

Dos años después, en 2012, Reyes Villa fue sancionado con un año de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y en 2013 la condena por el delito de conducta antieconómica fue de cinco años tras las rejas y actualmente sigue afrontando otros procesos penales.

Finalmente, agrega que intentó solicitar al Consulado boliviano en Washington (EEUU) copias de sus certificados de nacimiento y matrimonio, pero no se cumplió con el trámite.

LA RESPUESTA

Reyes Villa denuncia cuatro hechos específicos. La primera es por atentados contra su vida e integridad, los mismos que siguen impunes y en vez de ser esclarecidos, las autoridades políticas, “a objeto de dificultar y obstaculizar una eventual condena, nombra a los responsables de este ataque en puestos de gobierno”.

En segundo lugar, argumenta que la destitución fue inconstitucional y que no contó con un recurso judicial efectivo para cuestionar tal afectación.

En el tercer punto señala que sufre persecución política en base a procesos penales que no cumplen con las mínimas garantías del debido proceso.

Finalmente, la cuarta denuncia es contra el Consulado boliviano por no expedir las copias solicitadas y que no existe un recurso judicial para cuestionar tal situación.

Para el Estado, la petición es inadmisible por falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.

Con relación a la primera denuncia, dijo que Reyes Villa no presentó una denuncia ante la Fiscalía ni tampoco un recurso de hábeas corpus. Tampoco puso en conocimiento de las autoridades los presuntos actos de secuestro y amenazas en su contra.

Sobre la afectación a los derechos políticos por el referéndum revocatorio, volvió a explicar que no utilizó adecuadamente los recursos internos como el de inconstitucionalidad o los amparos.

En lo que refiere a sus documentos personales, negó que no se le haya expedido.

A su vez, el Estado alega “que los hechos denunciados por el señor Reyes Villa Bacigalupi no constituyen violaciones de derechos humanos” y sostiene que no existe prueba que demuestre que la participación directa o indirecta de las autoridades en los hechos ocurridos el 11 de enero de 2007. 

Por otro lado, argumenta que tampoco se aportaron elementos que demuestren que los integrantes de la policía hayan dejado de dar protección a la presunta víctima y que no hubo un acto discriminatorio en el revocatorio. 

Bolivia sostiene también que el proceso penal respetó las garantías judiciales y las autoridades contaron con independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.