Luego de seis años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, decidió admitir la demanda judicial en contra del Estado boliviano por los enfrentamientos suscitados en La Calancha, de noviembre de 2007, donde perdieron la vida tres universitarios.

De acuerdo con el informe de admisibilidad, al que accedió ERBOL, fue aprobado por el organismo el 8 de agosto de este año. Horacio Poppe y Erik Fajardo son la parte peticionaria quienes impulsaron el proceso en septiembre de 2015.

En el documento se declaró “admisible la presente petición” lo que significa que se investigarán los decesos de los  universitarios Gonzalo Durán,  José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo.

No obstante, se decidió además señalar “inadmisible” con relación a los casos de David Soliz Soria y Juan Carlos Saavedra, quienes resultaron heridos en aquellas jornadas de violencia entre el 24 y 25 de noviembre de 2007.

Los hechos de La Calancha se produjeron cuando la directiva de la Asamblea Constituyente decidió trasladar sus sesiones del Teatro Mariscal al Liceo Militar teniente Edmundo Andrade, a unos 5 kilómetros de Sucre, para aprobar en grande la nueva Constitución Política del Estado.

Pobladores de Sucre se movilizaron hacia el recinto militar, para exigir que la demanda de la capitalidad plena de esta ciudad sea incluida en el nuevo texto constitucional. Sin embargo, los asambleístas determinaron excluir el tema, posición que generó la protesta de la población.

En medio de aquellos enfrentamientos fallecieron tres universitarios.