La Cámara de Senadores inició ayer el tratamiento de un proyecto de ley para que las cajas de salud del Seguro Social reembolsen los gastos médicos que hubieran realizado sus asegurados en clínicas privadas, para recibir atención médica por coronavirus (COVID-19), debido a que no recibieron una atención oportuna en centros de salud de sus respectivos seguros.

La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo: “Este proyecto de ley ya está en la Comisión de Educación y Salud, esperamos que hasta el viernes (hoy) puedan culminar su análisis para que este proyecto pueda entrar en la siguiente sesión y sea remitida a la Cámara de Diputados y posteriormente al Ejecutivo para su promulgación”, declaró, según un reporte de la Cámara Alta.
Copa explicó que “este proyecto de ley se hizo por muchas denuncias que llegaron de los asegurados que no tuvieron la posibilidad de tener atención en sus seguros y tuvieron que acudir a clínicas privadas para ser atendidos”.
En julio y agosto, centenares de asegurados no pudieron ser atendidos en sus cajas de salud, debido a que éstos se encontraban colapsados por la cantidad de pacientes por coronavirus. Ante esa situación, se vieron obligados a recurrir a clínicas particulares para recibir tratamiento.
El espíritu de la norma es “coadyuvar a que estos asegurados tengan una atención digna en salud”, ya que todos los trabajadores son aportantes al seguro social y durante la emergencia por el coronavirus COVID-19 no recibieron una atención oportuna y tuvieron que recurrir a clínicas privadas de emergencia.
“Si un asegurado, por emergencia, fue a una clínica privada puede optar que la caja (a la que pertenece) le reembolse sus gastos”, para ello debe contar con toda la documentación de respaldo sobre el diagnóstico, recetas y facturas para que puedan ser devueltos al trabajador por su institución aseguradora, sostuvo Copa.
El 27 de agosto, Copa promulgó tres leyes que el Ejecutivo no las puso en vigencia. Una de ellas era precisamente la atención gratuita de pacientes por coronavirus, mediante la cual el Estado debe reembolsar los gastos que hayan realizado las personas con esa enfermedad en clínicas privadas. El Gobierno cuestionó ese procedimiento y devolvió la norma al Legislativo, para que la Gaceta Oficial de Bolivia no la publique y no sea aplicada.