El exministro Arturo Murillo deberá cumplir la condena que se le imponga en EEUU antes de ser extraditado o expulsado de ese país, dijo Charisse Phillips,  encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

“No sé mucho del caso, qué tan avanzado está o si habrá más cargos o involucrados, pero sé que están preguntando sobre el ciudadano boliviano que está en Estados Unidos relacionado en este caso. Tendrá que cumplir con cualquier sentencia, sea un año o 20 años (de cárcel), antes de ser extraditado”, afirmó en entrevista con el periódico La Razón.

La representante de EEUU aclaró que “hay un convenio de extradición entre nuestros dos países, pero primero hay que cumplir con cualquier sentencia o sentencias, investigaciones en EEUU, antes de ser expulsado o extraditado. No puedo comentar si existe o no un pedido de extradición, pero sí hay un convenio para hacerlo”.

Explicó que el Gobierno boliviano puede solicitar la extradición por la embajada de EEUU en Bolivia o la representación diplomática del país en el Norte “para registrarla y luego al Departamento de Justicia para revisarla”.

En ese sentido, Phillips afirmó que la “comunicación” entre su país y la Cancillería boliviana “está mejorando”.

“La comunicación está mejorando. Tenemos un acceso, la posibilidad de comunicarnos con la Cancillería, lo que es muy positivo. Creo que casos así no solo muestran la intención de Estados Unidos de comunicar y estar abierto con el Gobierno de Bolivia sobre estos casos, es un indicador de que estamos construyendo más confianza entre nuestros dos gobiernos”, acotó.

Un informe oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos da cuenta que Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno boliviano durante el Gobierno de Jeanine Áñez, fue arrestado y es acusado en ese país por los delitos de soborno y lavado de dinero y podría afrontar una pena de hasta 20 años de cárcel.

El documento (en su inglés) hace referencia al conocido ‘caso gases lacrimógenos’ en Bolivia y confirma el pago de numerosos sobornos a favor de exfuncionarios del Gobierno de Áñez para garantizar que la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal por parte de los Ministerio de Gobierno y de Defensa se realicen a través de una empresa intermediara en Estados Unidos  y con un sobreprecio de más de 2 millones de dólares.

Según se supo, la audiencia de Murillo será el próximo 7 de junio y podría tener una sentencia de hasta 20 años de cárcel.