El Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó la socialización del proyecto de Censo de Población y Vivienda, que se realizará el 16 de noviembre, en medio de pedidos de más transparencia y que se sumen otras preguntas a las 34 que ya están en la boleta censal.

En la oportunidad, el director del INE, Humberto Arandia, también informó que el costo es de alrededor de 55 millones de dólares, es decir, 1.7 millones por pregunta, lo que significa que si se quiere adicionar otras, se debe pensar en la erogación de más recursos, pero también incrementar el tiempo en el llenado de cada boleta que es de más o menos 40 minutos. Se refirió a que supondría ampliar la logística humana y tecnológica programada. 

Dijo también que se requerirá aumentar el número de encuestadores que representan el 5% de la población boliviana. 

“A diferencia de los anteriores censos, este año vamos a movilizar 305.000 encuestadores a nivel nacional, es decir el 5 por ciento de la población boliviana, aproximadamente, que serían alumnos de los dos últimos cursos de escolaridad, como casi siempre ha sido en todos los censos”, dijo la autoridad en entrevista con radio Patria Nueva.

Aclaró que las preguntas, en su mayoría, están ya elaboradoras por las diferentes comisiones compuestas por el nivel central del Estado.

Acotó que la boleta censal se basa en una estructura básica desde el punto de vista temático y técnico en todas partes del mundo, ya que sobre la base de la misma se construyen indicadores que apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible, que son indicadores comparables en el ámbito internacional.

“Entonces, más o menos, el contenido de una boleta, en todas partes del mundo, es básicamente la misma, basada en esa lógica internacional y respetando estándares internacionales”, ponderó.

LOS PEDIDOS

La inclusión de más preguntas es parte de una evaluación de una comisión de los ministerios de Justicia y Cultura, principalmente la referida a la autoidentificación mestizo en la boleta. 

Anteriormente, los evangelistas pidieron que se sume la religión para “saber cuántos creen en Cristo” y establecer si Bolivia puede ser un Estado Judeocristiano. Los cocaleros de Los Yungas pidieron saber qué coca se consume. A su vez, las consultas que quieren incluir es sobre el acceso a la tecnología, entre otras. 

PROTESTAS

Varios sectores y regiones tienen dudas sobre el avance del Censo y piden al INE pronunciarse.

El Comité pro Santa Cruz, anunció una marcha para ayer, la misma que fue postergada hasta el martes 5 de abril, a las 17:00 horas,  debido a las condiciones del clima. La demanda es que este proceso sea confiable y transparente. También pidieron ser incluidos en la organización.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno también amenazó con movilizaciones pidiendo mayor información. Su rector, Vicente Cuellar, explicó que el objetivo de la solicitud es que se indique cuál es la ruta crítica del censo, cuáles eran las actividades incluidas, las que están en curso y las programadas, indicando la fecha de su realización.

Para Arandia, no existen argumentos válidos ya que se tienen todos los respaldos administrativos, las cartas enviadas en busca de dar transparencia al proceso. Ve una movilización que tiene un fin político.

Aseguró que no hay retraso en el cumplimiento del calendario del Censo y recordó que en enero de 2019 se desarrolló el documento del proyecto censal que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Advirtió que hay una corriente política opositora que afirma que no se coordina el trabajo con las alcaldías, “cuando ya se hizo ese trabajo técnico con los más de 300 municipios del país”.

Desde el Gobierno consideran que los opositores quieren utilizar esta actividad para desestabilizar.

Entre tanto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) realizó una asamblea para conocer la situación del Censo 2022.