Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 26 de enero de 2023
  • Actualizado 16:51

Censo 2022: presión para incluir preguntas sobre coca y religión

Cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz participan hoy en la plaza Mayor de San Francisco, del "Jach'a Akulli" o "acullico" más grande en La Paz. EFE
Cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz participan hoy en la plaza Mayor de San Francisco, del "Jach'a Akulli" o "acullico" más grande en La Paz. EFE
Censo 2022: presión para incluir preguntas sobre coca y religión

Surgen dos propuestas para sumar preguntas en el Censo de Población y Vivienda 2022, previsto para el 16 de noviembre.

El presidente de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas, Freddy Machicado, citado por Urgente.bo, aseguró que su equipo jurídico tiene lista la propuesta escrita para la inclusión de la pregunta sobre qué coca consume, si es de Yungas o del Chapare.

Indicó que es necesario consultar a la población sobre el consumo o acullico.

“Nuestro producto es el único que va al acullico y no a otros sectores”, resaltó.

Según Justo, la consulta dará un nuevo paso para la modificación de la Ley 906 o Ley General de la Coca, vigente desde 2017.

Entre tanto, mediante una carta oficial, enviada al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) oficializó su pedido para que la pregunta relacionada a la creencia religiosa sea incluida.

“Como es de conocimiento público, la Constitución Política del Estado, vigente desde el mes de febrero de 2009, reconoce al Estado boliviano como un Estado laico, es decir un Estado respetuoso de la fe y la religiosidad de cada persona, que puede ser ejercida en forma individual o colectiva, en público o privado, motivo por el cual conoce cuántas personas sostienen una convicción de fe es fundamental en la actualización de información estadística que se encara”, señala la misiva de la CEB.

Aclaran que, pese al costo económico que implicaría, no se debe vulnerar los derechos.