El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) envió este jueves al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dando cuenta del estado de abandono y vulnerabilidad de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, ante la pandemia del coronavirus.

El informe describe que las acciones que se asumieron desde el Estado para afrontar la pandemia, dejaron al margen el catálogo de derechos que tienen garantizados los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado y la normativa internacional, lo cual los pone ante la amenaza de un etnocidio, en especial aquellos pueblos que están en situación de alta vulnerabilidad.

“Desde el CEJIS alertamos que el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales de Bolivia no consideraron la situación económica, social y cultural de los pueblos indígenas, en particular de aquellos que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y/o aislamiento voluntario. La crisis sanitaria por la presencia de la COVID–19 ha sido y es gestionada desde el nivel central del Estado sin considerar al mundo indígena y rural, lo cual pone a estas colectividades en una situación de total indefensión y ante el serio riesgo de extinción y etnocidio”, explica el documento.

De acuerdo a los datos oficiales, hasta este 25 de junio se registraron 28.503 casos positivos de COVID-19 en Bolivia. Según los datos recogidos por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del CEJIS, de los 58 territorios indígenas que se encuentran en las tierras bajas de Bolivia, 49 están amenazados por la presencia de casos de coronavirus en las capitales de los municipios en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija.

Asimismo, destacan los casos de Lomerío, Guarayo, el Gobierno Indígena Guaraní Charagua Iyambae (Santa Cruz), Yuqui, Yuracaré (Cochabamba) y Cayubaba (Beni), donde se han reportado casos positivos al interior de sus comunidades. De ellos, los pueblos Yuqui y Cayubaba se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y, en consecuencia, en peligro de extinción.

En el informe enviado al Relator de las Naciones Unidas, el CEJIS menciona que desde el inicio de la pandemia en Bolivia, el gobierno transitorio promulgó una serie de normas de carácter económico y productivo, elaboradas sin la consulta y participación de los pueblos indígenas y les afectan de manera directa; entre ellas el DS 4229 que permiten el desarrollo de actividades vinculadas a los sectores industrial, manufacturero y agropecuario, y a las actividades del sector minero; el DS 4245 que amplió la autorización para el desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal y explotación maderera; la Resolución Multi-Ministerial 01/20 que autorizó la reanudación de actividades mineras en el territorio nacional; y el DS 4232 que, de manera excepcional, autorizó el establecimiento de procedimientos abreviado para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos.

“A pesar de que en Bolivia gran parte de estas actividades productivas se desarrollan en los territorios indígenas, en las normas promulgadas no se dispuso la implementación de protocolos específicos para su implementación”, señala.

También menciona el abandono del Estado, y en especial, se observó en los ámbitos de: derechos colectivo, con el incumplimiento de la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna, garantizado en la Constitución Política del Estado; en salud, porque no respondió al pedido de las organizaciones indígenas para la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud para enfrentar la pandemia, la inexistencia del registro epidemiológico desagregado por autoidentificación étnica y la falta de pruebas de laboratorio para los pueblos indígenas; en políticas sociales que no fueron coordinadas con los pueblos y no se ajustan a sus realidades; en comunicación e información.

No se trabajaron campañas específicas de información sobre la pandemia en los idiomas de los pueblos reconocidos en la CPE; tierra y territorio, porque durante la cuarentena no se restringió el desarrollo de las actividades extractivas en los territorios indígenas, poniendo en riesgo a estas colectividades; y en Educación, porque el acceso a internet en los territorios es inexistente y las condiciones técnicas hacen difícil el avance de las materias.

“Según el monitoreo realizado por el CEJIS a los diferentes pronunciamientos, cartas, comunicados y resoluciones emanadas de las organizaciones indígenas frente a la emergencia de la COVID–19, emitidos durante los meses de abril, mayo y junio, la demandas y peticiones a los distintos niveles de gobierno se centraron en las siguientes áreas: salud, ayuda humanitaria, acceso a los bonos, condonación de deudas y pagos de servicios, coordinación entre autoridades indígenas y las instancias estatales, producción, proyectos y programas, control social, y cumplimiento e inclusión de los derechos indígenas en las leyes promulgadas”, indican.