Ante la alarmante situación de violencia hacia las mujeres en el país, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa sugirió una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) que permita endurecer las sanciones para autores de delitos como feminicidio, violación, trata y otros similares, reportó Urgente.bo. 

Mediante una resolución, plantearon debatir y normar la castración química para los violadores.

Asimismo, pidieron implementar trabajos forzados para los reos con sentencias ejecutoriadas. Otra sugerencia pasa por buscar mecanismos constitucionales para legalizar la cadena perpetua, la sumatoria de penas y ampliar más de 30 años para las sanciones penales.

En ese marco, la Confederación propuso una reforma estructural de la Justicia, con sanciones ejemplificadoras para los infractores.  

Respecto a los reos sentenciados, pidieron que una vez cumplida la mitad de la pena, obligatoriamente deban iniciar con sesiones psicológicas de rehabilitación e inserción social.

Hace una semana, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce propuso la penal de muerte para autores de asesinato y violación, “sin piedad”. Se refirió al caso del feminicida serial Richard Choque. También dijo que cada 6 de agosto se debería hacer las ejecuciones, en el marco del aniversario de la fundación de Bolivia.

El vocero presidencial Jorge Richter, explicó que el Gobierno “no acompaña” la propuesta, pero cree que se necesita establecer un amplio debate, participativo con criterios más sensatos y racionales que permitan una verdadera reforma de la justicia.

PROFESIONALES

También se refirieron a los administradores de justicia, entre ellos fiscales, jueces y abogados. En la organización social afín al MAS, consideran que las sanciones deben ser duras y pasan por la cancelación de títulos profesionales y la prohibición al ejercicio por cometer, premeditadamente, actos de corrupción, o que con artimañas favorezcan a criminales confesos. 

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la semana pasada una evaluación a más de mil jueces y coincidió que es necesario endurecer las sanciones en caso de encontrarse irregularidades en su labor.

A su vez, consideran necesario que para la atención de los casos de violencia, se destinen recursos económicos específicos por parte de los Gobiernos Autónomos Municipales y Departamentales. 

Por último la Confederación exigió ser parte de la Comisión especial que revisa los casos de feminicidios, cuyos autores hayan sido liberados. Las mujeres quieren entrar en calidad de Control Social.