El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, se refirió al caso de extorsión y tortura que involucra al abogado sentenciado Jhasmany Torrico y reiteró la necesidad de conformar  tribunales de ética de la abogacía a fin de regular y sancionar a los abogados que incurran en delitos y faltas éticas. 

“Necesitamos los tribunales de honor (de ética). El caso de Jhasmany Torrico es un típico ejemplo de cómo hemos permitido que se llegue a esa situación por no regularnos, por no autorregularnos como abogados, esto no debió haber pasado y la razón por la que ocurrió, en gran parte, es por no contar con los tribunales”, indicó Lima, entrevistado por un medio local. 

La autoridad se refirió al caso del abogado sentenciado a seis años y seis meses de presidio, por delitos de secuestro, tortura y extorsión a un mecánico en 2019 para que firme un documento en el que aceptaba haber recibido la inexistente suma 20.000 dólares por un anticrético. Torrico, privado de libertad, ejerce como abogado pese a las faltas por las que fue procesado y sentenciado. 

Recientemente inició un proceso penal en contra de periodistas que hicieron cobertura e informaron de las acusaciones en su contra. Torrico los acusó por difamación y calumnias y una juez de Cochabamba solicitó a 13 medios de comunicación los nombres y apellidos de los reporteros que difundieron noticias relacionadas al caso denominado "abogado torturador".

El ministro Lima aclaró que las faltas en el ejercicio del periodismo se procesan a través de la Ley de Imprenta de 1925. La Constitución Política del Estado también reconoce el mecanismo de autoregulación.

Torrico en semanas pasadas asumió la defensa de un imputado por feminicidio, aspecto que fue denunciado por la parte acusadora debido a que se detectó irregularidades y amenazas cometidas en contra de administradores de justicia e investigadores. 

El titular de Justicia manifestó que los tribunales de ética de la abogacía deben resolver ese tipo de casos, en los que los abogados incurren en faltas graves o leves en contra de los intereses de los litigantes. A la fecha suman más de 700 denuncias a nivel nacional.

La autoridad explicó que si bien la Ley de la Abogacía otorgó al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Registro Público de la Abogacía (RPA), la atribución para conformar los tribunales de ética nacional y departamental de la abogacía, los colegios departamentales de abogados también cuentan con esas instancias, por lo que se intentó -sin éxito-, unir el trabajo de ambas instancias.

“Esto lleva a tener dos tribunales que ven la ética y el trabajo de los abogados, los del ministerio de Justicia y los de los colegios de abogados, como quedó claramente delimitada la competencia de uno u otro”, lamentó Lima.