Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 19 de octubre de 2020
  • Actualizado 23:05

Caso respiradores: identifican a 13 personas por participación criminal

La Procuraduría General del Estado envió el dictamen final a la Fiscalía General del Estado.

Caso respiradores: identifican a 13 personas por participación criminal

La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió su dictamen 001/2020 donde halla participación criminal de 13 personas en el proceso de compra bajo la modalidad de contratación directa de 170 ventiladores pulmonares de origen español, y recomendó a las autoridades del Ministerio de Salud, Cancillería del Estado y el Ministerio Público instaurar procesos por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, malversación y otros.

El documento está firmado el 17 de septiembre por el exprocurador José María Cabrera y en sus conclusiones halla responsabilidad del entonces ministro de Salud Marcelo Navajas; Fernando Valenzuela, director jurídico del Ministerio de Salud; Geovanni Pacheco, director general de la AISEM; Ana Fernanda Espinoza y Gabriela Pérez Gallegos, bioquímicas; Andrea Lía Alarcón Terrazas, profesional en análisis jurídico;  Mariana Galindo Justiniano, directora de Asuntos Jurídicos de la AISEM y a David Alberto Pareja Lozada, Cónsul General de Bolivia en Barcelona.

De los particulares identifica al intermediario Luis Fernando Humérez Pérez; Ignacio Manuel Mazarrasa Escoriaza, representante legal de la empresa IME Consulting;  Ignacio Iñaqui García, contacto directo de Fernando Valenzuela para la propuesta de los equipos y socio de Manuel Mazarrasa. Fija responsabilidad de Luis Buscarons, representante del BID por haber otorgado la no objeción del BID y Andrea Melandri, del mismo organismo, por negarse a entregar información a la Procuraduría.

EL INFORME Precisa que el costo total de la compra directa es 4.773.700 dólares, de los cuales por gestiones de la AISEM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio un anticipo de 2.028.708 dólares y el costo de traslado vía área de los ventiladores desde Madrid (España) hasta Santa Cruz, fue de 290.000 dólares que fueron cubiertos por el Ministerio y no por el proveedor que era su responsabilidad.   

Afirma que debido al inicio de las investigaciones por hechos de corrupción, no se realizó el segundo desembolso del 50% restante del contrato y ante esto, el representante legal de IME Consulting Mazarrasa, decide no enviar los equipos con accesorios completos, incurriendo de esa manera en incumplimiento de contrato.

Con relación a la participación de Iñaqui García de la empresa IME Consulting, indica que éste toma contacto directo con Valenzuela del Ministerio de Salud,  para la propuesta de los equipos; se puso en contacto con el Cónsul de Bolivia en Barcelona para que inspeccionen los equipos en la fábrica.

Asegura que una vez contactado junto a Valenzuela y Humérez, el particular intermediario, proceden a elevar desproporcionalmente el valor comercial de los ventiladores, por lo que habrían buscado beneficiarse económicamente con el precio, generando un presunto sobreprecio de dichos equipos, ocasionando así un probable daño económico al Estado, conforme las declaraciones de Humérez, dice el dictamen.

La Procuraduría recomienda al Ministerio Público llegar a la verdad material de los hechos y aclarar en su investigación por qué los representantes de IME Consulting SL, no enviaron completos con todos los accesorios o componentes que los hacen funcionales, y por qué condicionaron la entrega de éstos actos con el desembolso del segundo pago, siendo que los ventiladores debían llegar  listos para funcionar, extremo que como resultado de ese incumplimiento y condicionamiento se afectó a la salud de la población boliviana.

Cabrera decidió difundir el contenido de su dictamen justo el día en que fue destituido.

En la parte resolutiva, pide al Ministerio Publico considerar su dictamen, toda vez que de la revisión, investigación y análisis de toda la documentación remitida, se pudo identificar que los imputados en el proceso penal abierto, presuntamente habrían incurrido en las acciones y omisiones identificadas.

LOS NEXOS

MINISTRO DE SALUD, Marcelo Navajas. El 8 de abril se presenta en la AISEM para presionar la conclusión del proceso  de contratación. Esas órdenes direccionan de forma inmediata a los proveedores y el tipo de respiradores a adquirir, obteniendo de esa forma una ventaja o beneficio económico, aprovechado su condición de Ministro de Salud. Direcciona el proceso hacia IME Consulting. Conoce todos los actuados del proceso.

Al instruir las formas y condiciones para adjudicar a IME Consulting, incurre dolosamente en presuntos  hechos de corrupción al haber aceptado una cotización con sobreprecio por los ventiladores. Su grupo de participación y autoría es inmediata y su conducta linda con daño al servicio público de salud, daño económico al Estado porque se compraron equipos incompletos, además que habría omitido presentar declaraciones jurada ante la Contraloría al momento de ejercer el cargo, lo que le hace presumir de indicios de falsear u omitir la inserción de datos económicos para no conocer su patrimonio real y buscaría ocultar beneficios económicos que habrían obtenido con el sobreprecio del proceso de contratación.

DIRECTOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE SALUD, Fernando Valenzuela. Asumió la conducción y gestión de la adquisición de los 170 respiradores, atribución que solo tenía la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), ejerciendo influencia desde el Ministerio para asegurar la firma del contrato y el desembolso del crédito  favor de la empresa española para luego, presumiblemente, obtener beneficios. Se contactó con Luis Fernando Humérez para conseguir la empresa española.

Toma contacto con el Cónsul en Barcelona, solicita cotización a BoA y la logística de  vuelo ida y vuelta Santa Cruz-Barcelona. La Procuraduría le atribuye supuestos delitos de malversación, uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE AISEM, Giovanni Pacheco Fiorilo. Permitió gestionar apresuradamente los desembolsos ante el BID solicitando por escrito las “no objeciones” en favor de la empresa española.

Suscribe el contrato y solicita el pago del 50% a favor IME Consulting, extremo que, según el dictamen, se subsume al tipo penal de contratos lesivos al Estado. Mantiene estrecha relación con el Ministro Navajas y Fernando Valenzuela, que conjuntamente con los representantes del BID, compulsan y dan su visto bueno a la irregular adquisición de ventiladores pulmonares con presunto sobreprecio. Valida las especificaciones técnicas sin tomar en cuenta las recomendaciones de médicos intensivistas que han señalado que los equipos son de características muy básicas en relación a lo que se quería adquirir, configurando esta conducta en un incumplimiento de deberes. Le atribuyen delitos contra la salud, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, falsedad de la declaración jurada de bienes y rentas.

CÓNSUL GENERAL DE BARCELONA, David Alberto Pareja Lozada. Sin recibir instrucción formal desde la Cancillería, hace gestiones de manera estrecha con el administrador de la empresa IME Consulting, Iñaqui García.

No tenía competencia y permitió que terceros ajenos ingresen a dependencias de la misión diplomática para que estos realicen actividades privadas, no vinculadas a las funciones propias de la misión consular.

Facilitó la cooperación en toda la logística de envío a Santa Cruz. Le atribuyen cargos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de bienes y servicios públicos y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

PARTICULAR-INTERMEDIARIO, Luis Fernando Humérez. Se ha presentado como gestor e intermediario y habría posibilitado la compra de los 170 respiradores. Se contacta  con IME Consulting para generar un presunto sobreprecio y beneficio personal. Fue uno de los intermediarios de la compra en Bolivia y se presentó ante la justicia como “testigo clave”.

En su declaración señala que entre el Ministerio de Salud y la empresa fabricante hubo tres intermediarios: IME Consulting, su persona y Walter Zuleta. Humérez mencionó que cada uno iba a ganar 340.000 dólares por gestionar la compra.  Le atribuye cargos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y encubrimiento.

IME CONSULTING, Ignacio Mazarrasa. Firmante del contrato de adquisición, recibe el 50% del valor del contrato (2.028.780 dólares) configurando un tipo penal de contratos lesivos al Estado. Tras al inicio de las investigaciones ordenó congelar la otra mitad. Los 170 ventiladores no pueden ser utilizados.

Ignacio Iñaqui García. Toma contacto con Fernando Valenzuela. Es socio de Ignacio Manuel Mazarrasa. Se contactó con el  Consulado de Bolivia en Barcelona para inspeccionar los equipos. Entre Fernando Valenzuela, Iñaqui García y Fernando Humérez proceden a elevar el valor comercial generando un sobreprecio de los equipos, ocasionando un probable daño económico al Estado.

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