Caso respiradores: Bolivia pide resolución de contrato y devolución de $us 2.2 millones de pago anticipado
16 de agosto de 2020 (13:46 h.)
El caso de la compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio "aún no se ha cerrado", afirmó el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien develó que el Estado pidió la resolución de ese contrato y la devolución de $us de 2.2 millones del pago que se hizo por anticipado.
Ante la crisis sanitaria y para atender a los enfermos críticos de COVID-19, el Ministerio de Salud suscribió un contrato para adquirir los equipos de la empresa española GPA Innova, a través de la intermediaria IME Consulting Global Services Sociedad Limitada, por un costo total de $us 4.7 millones.
Tras la polémica por un presunto sobreprecio, el Gobierno determinó paralizar el proceso de adquisición e iniciar un proceso legal en contra de los posibles responsables; en medio del entuerto legal, también se hizo conocer al Estado que la proveedora no podrá cumplir con la entrega de accesorios adicionales para los equipos.
"La fábrica ha hecho conocer a la empresa que vendió (esos equipos) que no va a poder cumplir con algunos ítems. Es decir, nos ha hecho conocer que no va a cumplir con algunos ítems, más allá del proceso penal, y nosotros hemos respondido que queremos la resolución del contrato, eso significa la devolución de los 2.200.000 dólares al Estado y nosotros devolvemos los respiradores que llegaron a Bolivia", informó la autoridad.
Del monto total del contrato, Bolivia pagó unos $us 2.2 millones por 170 respiradores a IME Consulting, y el resto del dinero aún no fue desembolsado.
En mayo, el Gobierno denunció esta irregularidad ante la Justicia, y en el marco de la investigaciones se determinó la detención preventiva del exministro de Salud, Marcelo Navajas; el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco.
Asimismo, se dispuso la reclusión del exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; y del denominado "testigo clave", Fernando Humérez, además de otras personas.
En ese marco, el ministro Coímbra afirmó que el proceso judicial continúa y que incluso se amplió la denuncia en contra de los representantes legales de la empresa española, es decir, los intermediarios.
Ante la crisis sanitaria y para atender a los enfermos críticos de COVID-19, el Ministerio de Salud suscribió un contrato para adquirir los equipos de la empresa española GPA Innova, a través de la intermediaria IME Consulting Global Services Sociedad Limitada, por un costo total de $us 4.7 millones.
Tras la polémica por un presunto sobreprecio, el Gobierno determinó paralizar el proceso de adquisición e iniciar un proceso legal en contra de los posibles responsables; en medio del entuerto legal, también se hizo conocer al Estado que la proveedora no podrá cumplir con la entrega de accesorios adicionales para los equipos.
"La fábrica ha hecho conocer a la empresa que vendió (esos equipos) que no va a poder cumplir con algunos ítems. Es decir, nos ha hecho conocer que no va a cumplir con algunos ítems, más allá del proceso penal, y nosotros hemos respondido que queremos la resolución del contrato, eso significa la devolución de los 2.200.000 dólares al Estado y nosotros devolvemos los respiradores que llegaron a Bolivia", informó la autoridad.
Del monto total del contrato, Bolivia pagó unos $us 2.2 millones por 170 respiradores a IME Consulting, y el resto del dinero aún no fue desembolsado.
En mayo, el Gobierno denunció esta irregularidad ante la Justicia, y en el marco de la investigaciones se determinó la detención preventiva del exministro de Salud, Marcelo Navajas; el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco.
Asimismo, se dispuso la reclusión del exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; y del denominado "testigo clave", Fernando Humérez, además de otras personas.
En ese marco, el ministro Coímbra afirmó que el proceso judicial continúa y que incluso se amplió la denuncia en contra de los representantes legales de la empresa española, es decir, los intermediarios.
