Según la “ruta del dinero” con la que el Gobierno se refiere al caso de los gases lacrimógenos comprados con aparente sobreprecio en la gestión de Jeanine Áñez, los flujos del dinero fueron destinados a dos proyectos en Cochabamba y Santa Cruz.

El grueso de los 2.3 millones de dólares producto del presunto desvío habría sido invertido en una inmobiliaria valluna e inyectado también en un megaproyecto que se edifica en el Urubó del oriente.

Esas han sido las revelaciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien desmenuzó ayer la investigación que se lleva adelante en el país y que involucra a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, a Rodrigo Méndez, a dos exfuncionarios de la cartera de Defensa (detenidos), un colaborador de Murillo, y a estadounidenses.

El Departamento de Justicia del país del norte lleva un proceso contra Murillo, López y Méndez por supuesto lavado de dinero y soborno, mientras que Bolivia aguarda la extradición del hombre fuerte de la gestión de Áñez.

Reveló que hubo cuatro sobornos desde abril de 2020 a enero de 2021, con capturas de pantalla de celulares de por medio, transferencias bancarias, intermediarios favorecidos y cierre de cuentas.

“Ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción. Gran cantidad está en territorio nacional. Vamos a trabajar para recuperar cada centavo que se le ha robado al pueblo boliviano durante la pandemia”, aseguró.

El “primer soborno" se habría producido el 13 de abril de 2020, cuando Philip Lichtenfeld, uno de los estadounidenses implicados (y bajo detención), habría coadyuvado con el pago. En esta primera instancia, se depositaron 700 mil dólares divididos en dos (450 mil y 250 mil), más otros 14 mil que fueron para el intermediario. 

Para el segundo, Lichtenfeld mandó un correo al representante de Bravo Tactical Solutions avisándole que le enviaría la cuenta de su empresa boliviana para que efectuara allí la transferencia. Según el Gobierno, esta compañía realizó depósitos a favor un megaproyecto en el oriente (500 mil y 320 mil dólares), en el que Lichtenfeld es uno de los tantos socios. 

Del Castillo explicó que los depósitos han sido embargados y que el Estado trabaja para recuperar lo presuntamente desfalcado.

LA FIGURA DE LÓPEZ

El “tercer soborno” se habría suscitado el 15 de abril. En la escena interviene el exministro López, quien consultó sobre la transferencia y un familiar terminó recibiendo 20 mil dólares. El cuarto y último, según Del Castillo, sucedió el 29 de junio, cuando Lichtenfeld mandó “un mensaje a mano” que decía "Transfer Arturo", en clara alusión a Murillo. Existieron dos depósitos de 79 mil y 100 mil dólares a favor del exministro de Gobierno, quien atinó a cerrar sus cuentas bancarias en Bolivia para emitir dos cheques por 130 mil dólares cada uno y transferir el monto a Estados Unidos. 

“El 6 de enero, Méndez mandó a Arturo Murillo una captura de pantalla de una conversación con Lichtenfeld en la que le decía: ‘30 mil dólares para mi excelente amigo’. Murillo le respondió (preguntando) dónde tenía que recoger ese dinero”.

Murillo se encuentra recluido en un penal estadounidense, donde comparte con 1.054 presidiarios. El 7 de junio tendrá una audiencia cautelar donde se definirá su suerte.