Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 29 de noviembre de 2020
  • Actualizado 10:23

EL GOBIERNO NEGÓ IRREGULARIDADES

Caso “gases lacrimógenos” pone en vilo al Gobierno

Pese a los documentos exhibidos por 'Detrás de la Verdad', no se estableció si efectivamente se produjo la supuesta compra con sobreprecio.
Un conflicto en el que las fuerzas del orden utilizaron agentes químicos.   DICO SOLÍS
Un conflicto en el que las fuerzas del orden utilizaron agentes químicos. DICO SOLÍS
Caso “gases lacrimógenos” pone en vilo al Gobierno

La compra, presuntamente irregular, de miles de cartuchos de gases lacrimógenos amenaza con convertirse en un escándalo tanto o más grave que el de los ventiladores.

Hasta ahora, el Gobierno negó que hubiera alguna irregularidad, pero no dio detalles de por qué contrató a una empresa intermediadora para hacer la compra de los gases, y por qué pagó, debido a ello, más del doble que una venta anterior de esa misma empresa, por parte del Gobierno venezolano.

La noticia la dio a conocer el programa “Detrás de la Verdad” de Gigavisión, que dirige el periodista Junior Arias. Pese a los documentos exhibidos por ese programa, no se estableció todavía mediante una investigación si efectivamente se produjo la supuesta compra con sobreprecio.

El Ministerio de Gobierno rechazó cualquier hecho irregular: “La dirección de comunicación del Ministerio de Gobierno denuncia ante los ciudadanos que el señor Junior Arias ha difundido una historia falsa para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este Ministerio. Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política”, afirma un comunicado”.

Los documentos exhibidos por el programa mencionado establecen que el Ministerio de Gobierno envió el 25 de noviembre una carta a la empresa Cóndor en Brasil solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.

Pero al día siguiente, el 26, da marcha atrás e informa a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU.
Con ese intermediario ingresa en el tema el ministro de Defensa, Fernando López, quien firmó el contrato el 19 de diciembre, por el cual se pagaron entre 250 y 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno. El Estado pagó en total 5.6 millones de dólares.

Detrás de la Verdad obtuvo el contrato por el que el Gobierno de Venezuela había comprado los mismos agentes químicos, a la misma empresa brasileña Cóndor, a menos de la mitad de precio cada uno.
Por lo tanto, si el Gobierno de Bolivia hubiera comprado sin intermediario, hubiera gastado unos 2.1 millones de dólares menos. Ese es el monto del supuesto sobreprecio.

El daño económico al Estado por la compra de los 170 respiradores artificiales a la empresa española Innova fue de 2.3 millones de dólares, pero que no sirven ya que les faltan los accesorios y software.
En el caso de las municiones, los mismos precios los estableció el MAS.

En octubre de 2019, cuando el país era gobernado por el MAS, el Ministerio de Gobierno (dirigido entonces por Carlos Romero) envió una invitación a las empresas para que presente sus propuestas para la adquisición de municiones “no letales”.

El Gobierno a punto de caer fijó un parámetro de precios similar al que se utilizó para adjudicar la compra luego. El monto calculado fue de 42.8 millones de bolivianos, igual al que se calculó dos meses después, cuando el Gobierno de Jeanine Añez suscribió el contrato por un monto algo menor: 39.3 millones de bolivianos.

De no aclararse este caso podría ser aún más serio del escándalo de los respiradores, que remeció al oficialismo el mes pasado, ya que involucra a dos de los ministros más poderosos y cercanos a la Presidenta, Murillo y López.

Un agravante de este caso es que el padre del representante de la empresa intermediaria, Luis Berkman, tiene amistad con Sergio Méndez, jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, según fotos exhibidas por Detrás de la Verdad. Méndez aparece también en muchas fotografías con autoridades de Gobierno, incluida Añez.

Otro agravante del caso es que Berkman fue acusado de tráfico de armas y cohecho, estuvo detenido en Palmasola en 2001, luego de lo cual se fue a EEUU.

Periodista

El periodista Arias decidió acudir a la CIDH para pedir medidas cautelares. Considera que su vida y la de su familia están en riesgo, según Oxígeno.