La justicia de EEUU, que el domingo decidió postergar la audiencia del exministro Arturo Murillo para dentro de un mes, ayer benefició con libertad a otro de los presuntos involucrados en el caso gases. Se trata de Luis Berkman, el empresario estadounidense que deberá pagar una fianza de medio millón de dólares y dos bienes inmuebles. 

Los cargos que enfrentan son soborno y conspiración para cometer lavado de dinero. 

Entre tanto, en Bolivia, un “error” de la Fiscalía frena el avance del proceso de extradición de Murillo para que sea procesado en el país. La cancillería devolvió el trámite. 

Para el Movimiento Al Socialismo (MAS) hay un trasfondo político en la postergación de la audiencia del 7 de junio al 9 de julio.

Hace más de una semana, se conoció que el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) atrapó al exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno en la gestión de Áñez, el boliviano Sergio Méndez. Poco después, desde el país norteamericano, informaron de la aprehensión de Murillo junto a los empresarios Luis y Bryan Berkman (padre e hijo) y Philip Linchtenfeld, acusados de hechos de corrupción.

Los Berkman pagaron una fianza de $us 350.000 y 500.000 para quedar libres, en tanto dure el proceso en su contra, y la Justicia ratificó ayer la decisión en favor del padre, Luis, reportó ERBOL, quien es dueño, junto a su hijo, de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). Según la investigación, mediante esta intermediaria se coordinó la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Luis Berkman era el amigo de infancia de Murillo y en 2001 estuvo involucrado en un escándalo por tráfico de armas del Ejército de Bolivia con destino a Paraguay por lo que fue encarcelado en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, pero luego quedó en libertad tras pagar una fianza.

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó, citado por ABI, que, en una audiencia breve, el juez federal de EEUU homologó las medidas impuestas a Berkman en Georgia, donde fue detenido, para obtener su libertad. Además de la fianza económica, debe presentarse semanalmente ante la autoridad y, además, usar una tobillera para un radio de circulación.

OBSERVACIONES

Chávez, que se encuentra en el país norteamericano, anunció que se fijó otra audiencia que coincide con la de Murillo, lo que, considera, podría obedecer a una estrategia de parte de la Fiscalía para dar a conocer posibles acuerdos respecto al proceso y su avance.

Por su parte, el diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), expresó sus dudas respecto a la postergación y recordó que el Gobierno de EEUU mantuvo una conducta inalterable de cuestionamiento a las políticas aplicadas en Bolivia en los últimos 14 años.

“El gobierno norteamericano inició un proceso de ensañamiento, de cuestionamiento y acusaciones contra Bolivia, esperemos que se actúe con la ley y no tengamos alguna trampa o algo raro, desde la celeridad con la que se actuó, tengo mis dudas que son razonables”, expresó.

Sin embargo, dijo que, en lo formal, Murillo habría solicitado la postergación de la audiencia para, como establecen las normas estadounidenses, acogerse a un juicio abreviado y reducir su pena.

Por su parte, su colega Juanito Angulo va un poco más allá y sospecha que esta postergación busca dar tiempo a Murillo para evitar, posteriormente, su extradición a Bolivia con la ayuda de otros políticos que se encuentran refugiados en EEUU.

“De hecho está negociando para que se defienda en libertad y no tenga la detención en el régimen penitenciario de Estados Unidos; como va a tener una decisión jurisdiccional, puede que no se dé curso la demanda del pueblo boliviano que es la extradición”, indicó.

LOS ERRORES

La Cancillería devolvió al Órgano Judicial el trámite de extradición por falencias que encontró en la solicitud emanada de la Fiscalía, a través de la jueza Claudia Castro. 

“No cumple los requisitos y las formalidades previstas en el convenio bilateral de extradición que se tiene con los Estados Unidos. Lamentablemente, adolecía de principales elementos como, sin llegar muy lejos, la traducción y la legalización de la documentación correspondientes”, informó a ERBOL la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo.

El exhorto suplicatorio para la extradición por el caso gases lacrimógenos fue emitido por la juez Castro, el miércoles 2 de junio, a solicitud de la Fiscalía y fue devuelto el 4 de junio al juzgado correspondiente.

Respecto a las observaciones, Barrionuevo indicó que “el error de origen se encuentra en la Fiscalía General”, que además es una entidad que conoce bien los requisitos de los trámites de cooperación internacional, más aún con Estados Unidos, puesto que el pedido de extradición requiere de una traducción correspondiente por personas certificadas por ese país. Agregó que la jueza debía reconocer el documento original y la traducción, para entonces remitir a la autoridad central.

La Cancillería también observó una falta de coherencia en la tramitación, puesto que el petitorio de la Fiscalía requería la detención preventiva con fines de extradición, pero la jueza solicitó solo extradición, cuando ambas figuras requieren procedimientos diferentes.