Intromisión, interés político, ilegalidad y estafa, son algunas de las críticas que hace el Movimiento Al Socialismo (MAS) al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ratifica “manipulación dolosa” en las elecciones de octubre de 2019 y que dio paso a una investigación por el caso denominado fraude, que la Fiscalía decidió cerrarlo y dio por “tema resuelto”, basado en una pericia española que rechaza este extremo y refiere negligencia.

El secretario General del organismo, Luis Almagro, está en la mira y desde el Gobierno y el oficialismo rechazan que la auditoría tenga carácter vinculante a pesar del acuerdo bilateral entre el organismo y el Estado en ese momento y anticipan procesos en su contra por buscar “lavar” su responsabilidad en la crisis de 2019. La oposición contradice este extremo y asegura que la imagen de Bolivia se deteriora.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, afirmó ayer, citado por ABI, que Almagro, mantiene la ilegalidad y la intromisión directa en asuntos internos del país con un “alto contenido político”, con la ratificación de su “Informe sobre el análisis de integridad de las elecciones generales de 2019”.  

La autoridad diplomática calificó el documento como “ilegal y un exabrupto totalmente oficioso”, porque su emisión no se enmarca en ninguno de los procedimientos de la OEA y no fue encargado por ninguno de los gobiernos miembros. A su juicio, el texto pretende también mejorar la disminuida imagen de Almagro al interior del organismo y proveer un “salvavidas, una salvaguarda” para los fines políticos de los opositores, principalmente de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

El representante nacional ante la OEA dijo que el documento tiene afirmaciones temerarias al hablar de una vergüenza hemisférica y un incumplimiento del espíritu de la Carta Democrática de la organización internacional.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, coincidió en que el comunicado demuestra que se instrumentaliza a esa organización para seguir cometiendo injerencia y generando desestabilización, confrontación y atentados contra la soberanía de los pueblos.

Por su parte, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo que la OEA cometió una estafa al país el 2019 al indicar que hizo una auditoría, lo que no cumplió.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, citado por Urgente.bo, manifestó que el documento no es creíble y que no se habla de un fraude monumental, como lo denuncia la oposición, sino de irregularidades y recalcó que el organismo internacional tendría fines políticos de acuerdo a su “conveniencia”.

LA FISCALÍA

El secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe, aseguró, según ERBOL, que el informe de auditoría de la OEA no es vinculante y la pericia encargada en abril de este año al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España se hizo "con honestidad y libre de presiones".

“Hemos separado dos aguas: la parte política en el que existen pactos y acuerdos políticos y la parte técnico-jurídica. Para nosotros el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación y no es vinculante porque debería haberse convertido en Ley y aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirmó.   

Dijo que el documento es de carácter político y parcializado por lo que no se pronunciará al respecto. Observó que el documento no lleve ni siquiera una firma o rúbrica de sus autores.

"El Ministerio Público tiene por cerrado y resuelto este tema y por tanto nosotros no vamos a entrar al debate de este tema con nadie", agregó.

MÁS REACCIONES

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó, a través de su cuenta de Twitter, que “Evo no cumple lo que firma y que el MAS pulveriza la fe del Estado y la imagen de Bolivia. Dijo que desconoce los instrumentos vinculantes de la Ley 026 y el Acuerdo integral Evo-OEA de octubre de 2019.

A su turno, Mesa, aseguró que el incumplir la vinculatoriedad del informe se pone en duda la seriedad y responsabilidad del Estado. 

El líder de Comunidad Ciudadana (CC) señaló que la intención del MAS y sus fiscales, a los que llamó "serviles", de incumplir el acuerdo “sería una nueva vergüenza hemisférica como el gigantesco fraude de 2019”.

La excanciller Karen Longaric también se refirió a esto y dijo que no existe injerencia de la OEA, sino el resultado de un acuerdo internacional entre Bolivia y el organismo que debe cumplirse de buena fe.