Carlos Romero,  exministro de Gobierno, se encuentra aislado de otros reos, incomunicado y con escoltas policiales en la cárcel de San Pedro, contó a Página Siete el abogado de la exautoridad, Andrés Zúñiga; explicó que debe haber un proceso de ambientación.

“No ingresó a población aún, está en un lugar restringido, está en un espacio aislado más o menos. No sabemos hasta cuándo estará ahí. Está aislado, incomunicado, está en un proceso de ambientación, pero yo creo que es más un tema de seguridad”, afirmó el jurista.

Acotó que la Policía activó los protocolos de seguridad, ante las denuncias que hizo, como defensa, de que la vida de Romero corre peligro, al ser una exautoridad y en su labor haber promovido la cárcel de varios investigados, como los integrantes de la pandilla  “Cartel Family”.

Romero fue imputado por el caso de corrupción en las licitaciones de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

 El juez cautelar determinó el viernes enviarlo  a la cárcel de San Pedro de forma preventiva. A las 18:30 de ese día, el exministro ingresó al penal.  

Abogado pide garantías Zúñiga no dio más detalles sobre el estado de su cliente, porque declaró que no tiene garantías para ejercer su labor, ya que es amenazado e insultado por ciudadanos. 

Además, expresó su malestar e indignación por la aprehensión de  Mónica Ramírez, también  abogada de Romero, el fin de semana, por ingresar, junto  con el hijo de la exautoridad y dos asistentes, al domicilio de  su cliente en Auquisamaña.

La acción la calificó como un total abuso, debido a que fueron aprehendidos por el delito de allanamiento, cuando la vivienda no está precintada. La esposa de Romero demostró que es de su propiedad y con ello, el juez cautelar determinó liberarlos. 

Miembros de la denominada Resistencia fueron quienes llamaron a la Policía el fin de semana. 

Alertaron que la jurista y otras personas que ingresaron estaban destruyendo documentación importante;  sin embargo, no tenían ninguna prueba para respaldar sus acusaciones.

Zúñiga adelantó que presentará una demanda ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr garantías en sus funciones.

Romero fue enviado a la cárcel el viernes 17 de enero por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.