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  • Diario Digital | viernes, 19 de abril de 2024
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Canciller deja al próximo gobierno liberar o aprehender a asilados de la residencia mexicana

Alanoca, Zavaleta, Quintana y Laguna fueron denunciados por el Ministerio de Gobierno ante el Ministerio Público, por presuntos actos de terrorismo en los conflictos del año pasado y por el fraude electoral de octubre 2019.
Karen Longaric, excanciller interina. ABI
La canciller Karen Longaric, en conferencia. ABI
Canciller deja al próximo gobierno liberar o aprehender a asilados de la residencia mexicana

La Canciller Karen Longaric manifestó este lunes que, tras las elecciones del domingo, corresponderá al próximo gobierno decidir la situación jurídica de los exministros y colaboradores de Evo Morales que permanecen asilados desde noviembre del año pasado en la residencia mexicana en la ciudad de La Paz.

“El siguiente gobierno va a determinar si respeta los mandamientos de apremio o los libera de responsabilidad”, declaró escuetamente la canciller al ser consultada sobre qué pasarán con las exautoridades asiladas.

El entonces candidato del MAS, hoy presidente electo Luis Arce Catacora, afirmó el pasado 23 de septiembre en Sucre que otorgará salvoconductos a las exautoridades de su partido.

En la residencia mexicana se encuentran desde noviembre, los exministros Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Hugo Moldiz; el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez; y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic), Nicolás Laguna.

Alanoca, Zavaleta, Quintana y Laguna fueron denunciados por el Ministerio de Gobierno ante el Ministerio Público, por presuntos actos de terrorismo en los conflictos del año pasado y por el fraude electoral de octubre 2019, cuando se desató una ola de protestas sociales que acabaron con 14 años de mandato de Evo Morales.

Esas autoridades fueron requeridas por la Fiscalía, pero la Embajada de México no dio curso a esa petición al estar en condiciones de asilados políticos.

El gobierno transitorio se negó a entregar salvoconductos obligándolos a permanecer casi durante un año en las instalaciones diplomáticas en la zona sur de La Paz, donde la gestión de Arturo Murillo puso bajo vigilancia policial para evitar que las exautoridades puedan abandonar el lugar y darse a la fuga.