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  • Diario Digital | sábado, 20 de abril de 2024
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Camacho y su advertencia directa al Gobierno: "El plazo corre"

El Gobernador de Santa Cruz ratificó la advertencia de un paro para el 25 de julio, en caso de que el Gobierno no abrogue el Decreto Supremo 4760, sobre el Censo.
Luis Fernando Camacho, en un acto de campaña. APG
Luis Fernando Camacho, en un acto de campaña. APG
Camacho y su advertencia directa al Gobierno: "El plazo corre"

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó la advertencia de un paro convocado para el 25 de julio en caso de que el Gobierno no responda al diálogo y no abrogue el Decreto Supremo 4760, que establece la postergación del Censo Nacional de Población, mientras que la Policía garantizó el libre tránsito de la población.

“El plazo corre. Si esta semana, hasta el viernes, no tenemos la respuesta, el diálogo con el presidente (Luis) Arce o el Ministro (de Planificación), como solicitamos en la Cumbre por el Censo, obviamente el lunes entramos a un paro de 24 horas”, afirmó la autoridad departamental, consultada al respecto.

La advertencia fue aprobada en una reunión en la que se decidió dar un plazo de cinco días al Gobierno para que deje sin efecto la norma que aplazaba el censo hasta el 2024. De lo contrario, se activará un paro cívico este lunes 25 de julio.

En ese entendido, el comandante general de la Policía, el general Orlando Ponce, advirtió que de confirmarse la medida de presión y, en el marco de sus atribuciones, hará respetar el derecho a la libre transitabilidad de las personas que no acaten la disposición.

“Se tiene que garantizar el derecho a la transitabilidad. Se debe garantizar el derecho al libre tránsito en Santa Cruz y cualquier ciudad. La Policía va a cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado y va a dar cumplimiento, particularmente, a lo que significa el libre tránsito”, afirmó el jefe policial.

El Gobierno consideró que el pedido de las diferentes instituciones cruceñas para retroceder en la decisión del cambio de la fecha debe ser mediante el diálogo con los ocho gobernadores que aprobaron por consenso la modificación del Censo.