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  • Diario Digital | lunes, 04 de marzo de 2024
  • Actualizado 22:51

Adulta mayor vive en una carpa: fue echada de su casa; ahora exigen que juez sea destituido

La Defensoría del Pueblo le exigió al Consejo de la Magistratura el inicio de procesos disciplinarios para la destitución del juez y oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil Comercial 3° de La Paz, por ejecutar erróneamente un mandamiento de desapoderamiento de una vivienda que no correspondía.

Agustina Yujra, la adulta mayor que fue desalojada y ahora vive en una carpa improvisada, en La Paz. EL DIARIO
Agustina Yujra, la adulta mayor que fue desalojada y ahora vive en una carpa improvisada, en La Paz. EL DIARIO
Adulta mayor vive en una carpa: fue echada de su casa; ahora exigen que juez sea destituido

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le exigió al Consejo de la Magistratura el inicio de procesos disciplinarios para la destitución del juez y oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil Comercial 3° de La Paz, por ejecutar erróneamente un mandamiento de desapoderamiento de una vivienda que no correspondía.

Advirtió que el desalojo afectó de manera violenta y con uso excesivo de la fuerza a una adulta mayor, que quedó en la calle, donde permanece hasta el momento. Cocina de manera improvisada y se cobija debajo de una carpita que ha montado en la vía pública. Su situación es crítica.

Cruz recordó que el hecho ocurrió el 13 de julio en la zona Villa San Antonio, donde se desplazaron la Oficial de Diligencias, Notaria de Fe Pública, el abogado de la parte demandante, 15 efectivos policiales, representantes de Pofoma, personal de la Plataforma del Adulto Mayor y Defensoría de la Niñez y Adolescencia, instancias dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, un cerrajero y 20 estibadores, para echar a Agustina Yujra, de 75 años. 

Para ingresar al inmueble donde Agustina vivió por más de 50 años, los efectivos policiales hicieron uso desproporcional de la fuerza, rompieron puertas y ventanas, y vulneraron los derechos fundamentales de la señora y su familia, así como la integridad psicológica de los afectados, apuntó la Defensora.  

En ese intento arrestaron al hijo de Agustina, Edwin Aguilar Yujra, y lo condujeron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC, donde le iniciaron una investigación penal por el delito de incendio, aunque posteriormente la autoridad judicial dispuso la medida sustitutiva de detención domiciliaria. 

La Defensora dijo que, al conocer este evento violento, la institución defensorial inició una investigación que estableció que todo este accionar fue ejecutado de manera errónea y con evidentes irregularidades durante el desarrollo del proceso. 

Según Cruz, en una reunión, el Juez Público Civil y Comercial 3°., Fausto Calle Mamani, admitió que incurrió en un error al ejecutar el mandamiento de desapoderamiento, aunque lo atribuyó a la "mala fe" de la parte demandante, Rodrigo Arturo Meneses Mollinedo, pues su inmueble era otro, y argumentó que la defensa de Agustina Yujra no habría presentado adecuadamente la vía legal para hacer respetar su derecho propietario. 

Sin embargo, la autoridad defensorial apuntó que la institución constató, luego de revisar el expediente, que Agustina activó recursos legales para resguardar su derecho propietario, pero que cada uno de ellos fue rechazado por la autoridad judicial, a través de autos interlocutorios, pese a saber que la casa de Meneses era otra. 

Cruz recordó que el artículo 67 de la Constitución establece que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana, y que prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, violencia y discriminación en contra de ellas.  

Por tanto, le solicita al Comando General de la Policía Boliviana que lleve a cabo procesos disciplinarios en contra de los efectivos y autoridades policiales que efectuaron, instruyeron o consintieron los actos desproporcionados. 

Demanda al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que inicie las investigaciones y procesos administrativos correspondientes, respecto a su personal  que participó en el desapoderamiento. 

Luego de exigir los procesos disciplinarios en contra del juez, indicó que solicita al Consejo de la Magistratura que disponga el inicio de una auditoria jurídica a este proceso civil, así como a otros de similar contenido que estuviesen siendo ventilados por el Juez Fausto Calle Mamani. 

Dijo, además, que cuestiona el actuar de la justicia constitucional, pues la Sala Constitucional Segunda dispuso la audiencia para resolver la Acción de Amparo en favor de Yujra para el 12 de agosto, pese que el Artículo 56 del Código Procesal Constitucional dispone que las audiencias de amparo constitucional deberán realizarse dentro de las 48 horas de interpuesta la acción. 

Sin embargo, la Defensora del Pueblo señaló que finalmente la afectada presentó un incidente de Tercería de Dominio Excluyente, por la vía ordinaria, y que la institución defensorial exigió que éste sea resuelto en los plazos legales, de modo que ayer 25 de julio fue emitida la Resolución N.° 506/2022, a través de la cual el juez dispuso excluir del proceso en cuestión el inmueble de Yujra. 

Cruz enfatizó que esto significa que esa vivienda debe restituirse de manera inmediata a la persona de la tercera edad que fue dejada en la calle.