Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 21 de junio de 2021
  • Actualizado 02:50

Buscan incluir sanción por lesbicidio y transfeminicidio

La protesta del colectivo LGBT de Cochabamba por los crímenes de odio. DICO SOLÍS
La protesta del colectivo LGBT de Cochabamba por los crímenes de odio. DICO SOLÍS
Buscan incluir sanción por lesbicidio y transfeminicidio

Fueron 448 organizaciones reunidas en alianzas, redes, coaliciones o colectivos y 20 organizaciones sociales que participaron de la elaboración de propuestas para la modificación de la Ley 348, proceso en el que también se recibieron testimonios y participaciones particulares que concluyeron con más de 1.000 propuestas.

Los colectivos que defienden las organizaciones sexuales y la identidad de género buscan que las personas transgénero y transexuales estén protegidas por el Estado. Plantean la inclusión del lesbicidio y transfeminicidio como delitos y las sanciones correspondientes. 

La organización “Lesbianas tenemos derecho a la vida libre de violencia” propuso incluir la denominación de lesbicidio como un delito. La sanción se aplicará cuando la víctima sea lesbiana. 

Se trata del asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales.

Mujeres Creando coincide con este planteamiento. Consideran que es necesario precisar las conductas que constituyen delitos de feminicidio por razones de género ya previstas y pide incorporar las circunstancias de que el delito esté relacionado con la identidad de género de la mujer (transfeminicidio), que castiga a quienes infringen “lesiones, dolores, mutilaciones infames o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia”.

En el texto elaborado en base a las propuestas, también se justifica la necesidad de incluir el asesinato a la mujer trans y se pone énfasis en el rechazo hacia la identidad de género.

La Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (Otraf Bolivia) reportó más de 60 crímenes de odio por identidad de género y solo uno con sentencia de 30 años de cárcel por falta de una normativa clara.

El transfeminicidio aún no es un término oficial. En la Ley 45 de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación y la Ley 807 de Identidad de Género se define la transfobia como odio hacia personas con identidad de género transexuales y transgénero.

El activista David Aruquipa, citado por el periódico Bolivia, señaló que este delito debe incorporarse en la Ley 348 y ser revisada en el Código Penal para que no exista incompatibilidad entre las dos normativas. Recordó que en Argentina se logró una sanción por este asesinado a la persona trans, aunque en ese país se establece el travesticidio.

“Lastimosamente, las compañeras transexuales y transgénero son las más violentadas, por ello requieren protección”, agregó.

Por otro lado, algunas organizaciones quieren incluir en la norma, que hace referencia a la violencia sexual, el término de violencia correctiva por orientación sexual, así como considerar la inclusión del término familias lesboparentales. 

La Fundación Internet Bolivia.org, a su vez, pidió incorporar la violencia de género a través de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y la violencia acosadora.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos de Diputados, Juan José Jáuregui, reconoció que la ley solo hace referencia a las mujeres y este sector no está amparado en la ley por lo que se debe redefinir o readecuar la norma.

La Ley 348 tiene 100 artículos y 8 disposiciones transitorias. También se derogan los artículos referidos a la violación  en estado de inconciencia, rapto impropio, con mira matrimonial, atenuación y disposición común del Código Penal.

MÁS CONSENSO

Una de las propuestas que causa más polémica es la referida a la prohibición de conciliar y está referido a todos los casos sin excepción. A su vez, se quiere prohibir otras salidas alternativas como criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso y figuras como el perdón judicial y suspensión condicional de la pena.

Las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas de Beni consideran que con la conciliación se creó una ventana para desvirtuar la naturaleza de la Ley “solo para acabar la causa con impunidad”.  

En Cochabamba, creen que esta salida alternativa solo debe aplicarse por única vez y Chuquisaca sigue en la misma línea y cree que debe ser la víctima quien solicite esto “por el bien superior de las familias” y que cualquier acuerdo se firme sin presión y cumpliendo requisitos.

La Alianza Libres de Violencia y otras piden excluir la conciliación cuando se trate de delitos contra la vida e integridad sexual de las mujeres si el imputado es reincidente o la víctima sea menos de 18 años. 

El Colectivo Mujeres de Fuego rechaza la conciliación porque puede provocar la extinción de la acción penal.