El país vivió con este jueves 12 días continuos de protestas sociales contra el aplazamiento de las elecciones, pese a los intentos desde el ámbito político para que el 18 de octubre sea la fecha tope e inamovible.

Las protestas de quienes bloquean carreteras, a las que se siguen sumando distintos colectivos, se mezclan con las de quienes se quejan por verse afectados por estas movilizaciones, que perjudican el abastecimiento de insumos médicos y de alimentos.

Una concentración de profesores del área rural bloqueó durante horas la principal carretera entre La Paz y la ciudad de El Alto, en la que este colectivo, descontento por el cierre anticipado del curso ante la pandemia de la COVID-19, decidió sumarse a los bloqueos exigiendo que las elecciones sean el 6 de septiembre como estaba antes previsto.

Además de reclamar ahora también la renuncia de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, declaró el profesor y representante sindical de este colectivo Miguel Daza.

A las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana y sindicatos de campesinos, entre otros, se ha sumado también colectivos como mineros y ahora también profesores.

El Ejecutivo transitorio acusa a los manifestantes de impedir el paso de insumos con el oxígeno medicinal, con al menos cuarenta enfermos fallecidos por no llegar a tiempo el suministro, mientras quienes protestan aseguran que dejan pasar los camiones cisterna para su abastecimiento.

Además de insumos médicos, escasean alimentos en La Paz, mientras los productores denuncian que no pueden darles salida por los cortes de carretera.

Un grupo de avicultores botó pollos muertos y estrelló huevos en el piso en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba, para llamar la atención de las pérdidas millonarias que sufren al no poder vender la producción mientras en otras partes del país escasean alimentos o suben de precio.

El Parlamento boliviano aprobó en esta jornada una ley que establece que el 18 de octubre sea la fecha tope de los comicios, que el Ejecutivo transitorio se comprometió a promulgar, dando margen a que se puedan adelantar en un intento de frenar la tensión política y social en el país.