Bolivia analiza la posibilidad de iniciar un juicio en el ámbito internacional contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno por cuatro delitos que habrían derivado del préstamo de gases lacrimógenos y municiones durante la gestión de Jeanine Áñez. 

Autoridades nacionales del gobierno de Luis Arce prevén acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por lo que consideran crimen de lesa humanidad, crimen trasnacional, corrupción y tráfico de armas.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que este caso no puede quedar en la impunidad y sospecha que las armas fueron utilizadas durante los conflictos postelectorales de 2019 en Huayllani (Sacaba) por la Policía y Fuerzas Armadas (FFAA).

Entre tanto, en el país vecino, asambleístas iniciaron un proceso contra el exmandatario por presunto delito de peculado en relación con la entrega del material e involucran a Colombia.

“El caso de tráfico de armas debe ser investigado por el gobierno ecuatoriano y no puede quedar impune. Se debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia. La responsabilidad de (Jeanine) Áñez y Lenin Moreno no puede quedar impune”, escribió Lima en su cuenta en Twitter, según Urgente.bo.

Explicó que el Ministerio de Gobierno del Ecuador demostró que el gobierno de Moreno envió a Bolivia 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM, en noviembre de 2019.

DELITOS

La autoridad de Gobierno dijo también que al demostrarse que se utilizó el material en la “masacre de Huayllani” sería grave porque implicaría un crimen de lesa humanidad y un crimen trasnacional.

Lima manifestó que lo que se está haciendo entre Bolivia y Ecuador es coordinar la investigación, porque no se trata solo de un tema de corrupción.

“El país necesita protocolos, necesita cumplir con una serie de disposiciones de la ley 400 y la Constitución para que militares ecuatorianos o armamento ecuatoriano venga al país, no se ha cumplido ninguno de esos protocolos y, por lo tanto, este va a ser un caso que a partir de la investigación en Ecuador también tengamos que llevar en el país”, adelantó.

Sobre el inicio de un proceso en ese tema, la autoridad manifestó que al estar involucrado se requiere acudir a una entidad internacional como la CIDH, pero también a la CIJ.

“Se está analizando los caminos para llevar adelante esta acción en la medida que vaya encontrándose documentación en Ecuador y en Bolivia”, subrayó.

PROCESO

En Ecuador, el asambleísta del movimiento Unión por la Esperanza (Unes) Fausto Jarrín, afín al expresidente de la línea socialista Rafael Correa, anunció que la demanda penal en la Fiscalía General del Estado de ese país es contra el expresidente Moreno y la exministra Paula Romo, así como los altos mandos policiales y militares para “esclarecer una red regional de cooperación entre gobiernos conservadores”.

Durante una entrevista en Patria Nueva, según ABI, esa transacción desnudó el papel oculto de Colombia, que un mes antes también prestó más de 19.000 granadas de gas lacrimógeno a Ecuador.

Dijo que se trata de una “disposición arbitraria de bienes del Estado”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, agradeció, citado por ABI, el compromiso de asambleístas ecuatorianos que solicitaron informes para esclarecer el envío de proyectiles y granadas.

“Felicitamos el trabajo que están realizando los asambleístas del pueblo ecuatoriano, todos los pueblos del mundo necesitan siempre saber la verdad de lo que ha pasado, y como muy bien hemos dicho, siempre y cuando viva en democracia, Bolivia jamás enviará una ganada, un proyectil a un tercer país”, manifestó la autoridad.

Entre tanto, un oficial de la policía de Ecuador, según Oxígeno citando al periódico El Comercio, reveló que el armamento fue utilizado para intervenir las protestas sociales.

La Policía dijo, según el medio, que estos procedimientos son normales y habituales entre policías.

LAS ACCIONES

El presidente del Parlamento Andino y representante supraestatal boliviano, Adolfo Mendoza, afirmó, según ABI, que el operativo de envío del material de Ecuador a Bolivia recuerda las acciones del viejo “Plan Cóndor”, ejecutado por las dictaduras militares.

“Esta acción en torno a los gases lacrimógenos está evidenciando que el golpe de Estado funcionó con base en una matriz de corte dictatorial, porque tomaron recetas de las viejas dictaduras militares y las empezaron a aplicar”, mencionó.

El Plan Cóndor fue una plataforma para la estandarización de las prácticas de coordinación represiva presentes en la región que implicó la puesta a disposición de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de facilitar la destrucción de sus opositores, fueran individuos u organizaciones. Fue implementada oficial y formalmente en noviembre en 1975 por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.