El Gobierno de Bolivia pretende aliviar las hacinadas cárceles del país por miedo a que sean focos de contagio del coronavirus, mediante un indulto a presos con más riesgo de la enfermedad. 

El Ejecutivo de Jeanine Áñez necesita para ello que la ley de indulto pase por el Parlamento, en el que tiene mayoría el Movimiento al Socialismo (MAS). 

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, apeló hoy a que la Asamblea Legislativa tramite "lo más pronto posible" esta ley, con un llamado a la "unidad y solidaridad" ante la emergencia en el país por el COVID-19. 

El Parlamento tiene dificultades para reunirse, ya que el estado de emergencia sanitaria declarado en Bolivia restringe notablemente los desplazamientos y este pasado miércoles fue cancelada una sesión de la Cámara de Diputados. 

Núñez destacó ante los medios en el palacio de Gobierno en La Paz que el indulto que prevé un decreto de la presidenta interina, paso previo a la ley, está enfocado a reos a partir de 58 años, al ser uno de los grupos de mayor riesgo para contraer coronavirus, y a partir de 55 en el caso de reclusas con hijos. 

La medida incluye a enfermos terminales y personas con discapacidad, entre otros casos, pero excluye a presos por una serie de delitos como terrorismo, homicidio, violencia doméstica, trata de personas, robo agravado, contra la libertad sexual o cuando la víctima es un menor. 

Un informe parlamentario reveló el año pasado que las cárceles bolivianas tenían unos 19.000 reos, un 330 por ciento por encima de su capacidad para unos 5.800 reclusos, la mayoría presos preventivos en espera de condena. 

Bolivia tiene confirmados 18 fallecidos y 264 casos de COVID-19, sin que haya constancia por ahora de su incidencia en las prisiones, donde se llevan a cabo medidas preventivas como la fumigación. 

El expresidente boliviano Evo Morales aprobó durante sus casi catorce años en el poder, con el respaldo del Parlamento con mayoría de su partido, una serie de indultos y amnistías para miles de reos con delitos menores.