Autoridades de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General del Estado participaron en dos jornadas de diálogo constructivo e interactivo, entre el martes y jueves, con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para presentar el informe inicial de Bolivia sobre la implementación de la Convención Internacional de esa temática, informaron el viernes fuentes institucionales.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Guillermo Mendoza, señaló que ese informe es el producto del aporte de las instituciones públicas relacionadas con la temática, contempla las acciones realizadas por el país respecto al cumplimiento en la implementación de la Convención y las acciones emprendidas respecto al delito de desaparición forzada. 

Asimismo, hizo hincapié en que el Estado boliviano desplegó todos los esfuerzos necesarios para presentar ante las Naciones Unidas los informes sobre la aplicación de los nueve principales tratados internacionales de derechos humanos lo cual muestra el sólido compromiso del país con sus obligaciones internacionales.

"Hace 37 años que se restableció la democracia en Bolivia y, a partir de ello, no existe un solo caso de desaparición forzada registrado", afirmó Mendoza, citado en un boletín de prensa. 

Informó sobre la creación de instancias estatales como la Comisión Especial de Búsqueda de los restos del Che Guevara, la Comisión Especial para la Búsqueda de los Restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz (entre 1995 y 1997). 

"En 2003, el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas y, en 2016, la Comisión de la Verdad con el objetivo de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982", agregó.

Por su parte, el subprocurador de Representación y Defensa Legal del Estado, Ernesto Rossel, informó sobre las sentencias emblemáticas bolivianas. 

"El 15 de abril de 1993, se dictó sentencia condenatoria contra el general Luis García Mesa, coronel Luis Arce Gómez y 13 de sus colaboradores por delitos cometidos en la época dictatorial. En 1999, se retomó el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz y se dictó condena a 14 responsables, tres de ellos paramilitares", detalló. 

Precisó que el 6 de diciembre de 2008, se dictó sentencia por la desaparición forzada de Juan Carlos Trujillo Oroza y José Luis Ibsen Peña, declarando culpables a tres personas, y el 8 de enero de 2008, se dictó sentencia condenatoria por los delitos de asesinato, privación de libertad, amenazas y secuestro de Renato Ticona Estrada.

"Nos remitimos plenamente al espíritu de la Convención y la ratificamos con la mayor buena fe. Bolivia está viviendo una revolución de la justicia a través del mandato del presidente Evo Morales y de la conducción del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce", subrayó.