Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 07 de mayo de 2021
  • Actualizado 16:08

Bolivia inquieta a 5 países y 10 organismos; afloran diferencias

El encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, exministros y exjefes militares, por los conflictos de 2019, ponen en la mira a la Justicia. Miles toman las calles.

La expresidenta Jeanine Áñez tras su aprehensión, la semana pasada. ARCHIVO
La expresidenta Jeanine Áñez tras su aprehensión, la semana pasada. ARCHIVO
Bolivia inquieta a 5 países y 10 organismos; afloran diferencias

La situación de polarización de Bolivia por el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, además de las aprehensiones de quienes participaron en los conflictos de 2019, trasciende las fronteras y pone en la mira las acciones judiciales en el país y el respeto a los derechos humanos.

Cinco países y 10 organismos internacionales se pronunciaron al respecto y afloran las discrepancias que existen frente a la crisis política y social que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales, hace más de un año. 

La tensión en Bolivia por el caso denominado “golpe de Estado” se trasladó a las calles. Hay quienes piden freno a lo que consideran una persecución política y, del otro lado, aseguran que hay un intento de desestabilización y defienden la gestión de Gobierno de Luis Arce. Pero el conflicto va más allá. Los sectores movilizados sostienen un discurso de golpe de Estado y sus detractores hablan de fraude.

Los intentos de apaciguar la situación, tanto a nivel nacional como internacional, fueron vanos y la advertencia de un paro cívico, nuevas marchas y otras medidas de presión sigue latente.

Los apoyos y las críticas que surgen día que pasa van aumentando y las acciones que se asumen son cada vez más inesperadas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario General, Luis Almagro, fue una de las primeras en intervenir en el conflicto y cuestionó los mecanismos judiciales que “nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno".

A partir de este comunicado surgieron las respuestas no solo del gobierno nacional sino de otros, lo que llevó a un segundo momento en el que el organismo anunció que llevará a Bolivia ante la Corte Penal Internacional (CPI) para responder por presuntos actos de lesa humanidad desde el gobierno de Morales y hasta la actualidad pasando por la gestión de Áñez.

PRONUNCIAMIENTOS

Desde México, Cuba, Argentina, EEUU y Brasil, sus autoridades hicieron conocer su postura frente a la crisis que vive Bolivia.

A través de pronunciamientos y comunicados oficiales, reclamaron por la postura de la OEA.

El canciller argentino, Felipe Solá, afirmó que Áñez gobernó con odio y calificó a Almagro de “inmoral”, además aseguró que “hizo un enorme aporte para que hubiera golpe en Bolivia”.

La administración de Andrés Manuel López Obrador llamó al organismo a evitar confrontarse con un gobierno electo democráticamente como lo es el de Bolivia. México, como Estado miembro de la OEA, cuestiona que no actúe en concordancia con el derecho internacional que establece la no intervención en los asuntos internos. 

En tanto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó e su rechazo ante “los intentos de intromisión en los asuntos internos de Bolivia y las hipócritas preocupaciones por derechos humanos que no se presentaron cuando fueron reprimidos y hostigados partidarios del MAS”, escribió en su cuenta de Twitter.

También dieron a conocer su postura desde Ecuador y Paraguay. El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, sostuvo que Almagro propició en 2019 un golpe de Estado por su intervención al margen de las leyes nacionales y generó una crisis política.

Por su parte, parlamentarios paraguayos, instaron a las autoridades bolivianas a respetar los derechos procesales de la exmandataria. 

Los Gobiernos de Cuba, México y Argentina todos aliados del MAS, expresaron su rechazo a la "injerencia" de Almagro.

Mientras que EEUU urgió a Bolivia a "defender" los derechos civiles interamericanos y el Gobierno brasileño expresó su "preocupación" por la detención de la expresidenta y subrayó el apoyo que le dio cuando sustituyó "de manera constitucional" a Evo Morales.

El Gobierno de Arce manifestó su molestia por los pronunciamientos de EEUU y del Gobierno del brasileño Jair Bolsonaro sobre la situación que atraviesa Bolivia.

El ministro boliviano de Exteriores, Rogelio Mayta, tuvo reuniones separadas con la encargada de Negocios de EEUU, Charisse Phillips, y el embajador brasileño, Octavio Días, en las que les recordó que deben "abstenerse" de "intervenir" en asuntos internos.

JUSTICIA Y DERECHOS

Los organismos internacionales que se pronunciaron respecto a la situación de Bolivia abogaron por el respeto de los derechos humanos y el debido proceso ante la Justicia.

El secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en conversación con el presidente Luis Arce, destacó la necesidad de respetar los derechos humanos y el debido proceso por constituirse la base fundamental para la consolidación de la democracia. Piden un juicio imparcial para las exautoridades.

Desde Human Rights Watch (HRW), su director, Manuel Vivanco, dijo que en Bolivia hubo un golpe de Estado por antecedentes como la insubordinación de militares de las Fuerzas Armadas que sugirieron a Morales que renuncie a su cargo.

Por otro lado, manifestó que en Bolivia se observa un "espectáculo triste de persecución política", por el cual manifestó su desilusión con el presidente porque antes se había comprometido a no replicar las prácticas de instrumentalización de la justicia. Advirtió que sectores radicalizados buscan aplicar la misma medicina que a ellos (MAS) les aplicaron durante el gobierno de Áñez o lo convencieron que esa es la manera de gobernar el país. También sostuvo que el sistema judicial es servir al poder de turno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a Bolivia a que entable un proceso de reconciliación para desactivar hostilidades y urgió al Gobierno a respetar garantías judiciales tras las aprehensiones, velando porque cuenten con las garantías legales mínimas. Recordó que los procesos judiciales, incluyendo aquellos iniciados por la posible comisión de delitos contra el orden constitucional interno, deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos de justicia vigentes.

Para Amnistía Internacional, las detenciones continúan un “patrón de uso parcial de la justicia”, mientras que la Unión Europea califica estos hechos como “acontecimientos preocupantes” y pide a Bolivia una justicia sin presiones políticas y respetando el debido proceso.