Los gobiernos de Bolivia y Argentina abogan por la liberación del ciudadano argentino Facundo Molares, quien se halla internado en una clínica de Santa Cruz con COVID-19.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó ayer, según ABI, que instruyó “expresamente” quitarle las manillas "por temas humanitarios”.

La autoridad expresó su preocupación de que cualquier persona que está delicada de salud no puede estar esposado o enmanillado a su cama.

Del Castillo advirtió que este tipo de trato cruel, inhumano y degradante para el ser humano, que se practicó en el Gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, no se volverá a repetir.

GESTIONES

El fin de semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, solicitó públicamente al Ministerio Público revisar el caso de Molares y su liberación, ya que se le considera víctima de violación de derechos humanos, durante los conflictos de finales de 2019.

Asimismo, la Cancillería argentina pidió al juzgado que lleva el caso -vinculado con la violencia y muerte de dos personas en Montero en 2019- considerar la cesación de su detención preventiva, por su delicado estado de salud y por no existir pruebas en su contra. El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, lo calificó como preso político.

Molares, quien fue identificado como exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo ejercer el fotoperiodismo en Bolivia.

Fue detenido por la Policía el 11 de noviembre de 2019, en medio de protestas de Montero, en el departamento de Santa Cruz, donde fue herido de bala.

Por la gravedad de las heridas, fue sometido a un coma inducido. 

Durante el proceso judicial, fue acusado de participar en la muerte de los dirigentes cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, durante un enfrentamiento entre civiles, en el puente de la Amistad.

Diversos organismos de derechos humanos observaron los tratos crueles que se dieron a Molares y sus familiares durante su detención en Bolivia.