Luego de que se encontrara un vehículo robado en Chile dentro de un cuartel militar, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, afirmó que no se habría entregado el vehículo hace dos años a la Aduana porque no existía documentación de comiso respectiva. Culpó a las autoridades de 2020 por esa falta.

“El informe del Comando Estratégico Operativo menciona el motivo por el cual no ha sido trasladado a instalaciones de la Aduana. Es que el vehículo no tenía las actas de comiso ni los documentos que avalen las circunstancias en las cuales se había incautado”, indicó Vargas.

El motorizado tipo casa rodante fue reportado como robado a finales de 2019, en Chile, y en 2020 fue comisado en Bolivia en una ruta ilegal. El dueño del motorizado hizo público el caso recientemente y la Policía lo recuperó del cuartel Mejillones en Huachacalla, de Oruro.

El Viceministro señaló que en 2020 otras personas estaban en el Gobierno administrando el Ministerio de Defensa, la lucha contra el contrabando y las Fuerzas Armadas.

“En ese período (2020) es que no se deja ninguna documentación, ninguna otra fuente que acredite que este vehículo estaba, por ese motivo informan que no se había llevado a otra instalación de Aduana”, recalcó.

Afirmó que en este tiempo, desde su comiso, el vehículo estaba “a la vista” en el regimiento militar y que, además, su estado es inoperable, por lo cual no se pudo haber desplazado con otros fines.

El Viceministro informó también que ya se había ordenado al Comando Estratégico un plan de saneamiento de los vehículos comisados que están en instalaciones militares, incluido el referido motorizado.

En otra de sus explicaciones, señaló que hasta el miércoles el vehículo no aparecía como robado en el portal Auto Seguro de Chile y que el jueves recién ingresó a ese registro.    

¿Por qué no se permitió ingreso de la Policía?

La Policía informó que el miércoles 1 de junio intentó ingresar al regimiento militar para verificar el coche, pero las autoridades de las Fuerzas Armadas se lo impidieron hasta conseguir una orden de allanamiento.

El viceministro Vargas argumentó que se tomó esa decisión por las características del cuartel militar respecto a la seguridad del Estado. Además mencionó el artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, el cual estipula las condiciones para emitir orden de allanamiento.

Enfatizó que, una vez se tuvo la orden de allanamiento, las puertas del recinto militar fueron abiertas.