La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió suspender la sesión en la que trataría “la solicitud de aprobación del Decreto Presidencial para la concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias”, presuntamente, para “perseguidos políticos” y procesados durante la gestión de Jeanine Áñez.

“La presidencia de la ALP comunica a las senadoras, senadores, diputadas y diputados que la primera sesión extraordinaria convocada para el 23 de diciembre de 2020 queda suspendida”, señala el comunicado.

Ayer, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles Bazán, informó  que el Gobierno nacional preparó dos decretos supremos para otorgar indulto, amnistía y reparación integral de daños al menos a 1.500 procesados y perseguidos políticos por el gobierno de Jeanine Áñez.

"Hemos trabajado un decreto de amnistía e indulto que genera protección para todas estas personas procesadas injusta e ilegalmente, esperemos sea aprobado en el gabinete. Un segundo decreto que estamos trabajando, abrogando el Decreto Supremo 4100, es de reparación integral", dijo.

La autoridad gubernamental manifestó que la norma para los indultos y amnistías fue presentada a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y posteriormente será puesta a consideración del gabinete de ministros.

Respecto al número de personas que se pretende beneficiar con el indulto, Siles sostuvo que se cuenta con "una cifra, que todavía es variable, de 1.500 personas en cuanto a los perseguidos y procesados políticos".

Mencionó que el Ministerio de Justicia redacta aún el instrumento legal para el caso de la reparación integral de daños.

Dijo que el decreto supremo para la amnistía e indulto fue elaborado para dar una solución global a los procesados y los perseguidos políticos del gobierno de Áñez.

"Es complicado atender uno por uno los casos. Cada vez se habla de más casos, ya no solamente hablamos de Sacaba, Senkata, Pedregal, zona Sur (de La Paz). Está vez están Santa Cruz, Santa Rosa y otros", enfatizó.

El instrumento legal de reparación integral, agregó, servirá para brindar asistencia económica, seguro de salud y atención psicológica para los perseguidos y procesados, quienes incluso perdieron su trabajo y tienen hijos discriminados en las unidades educativas.

"Queremos trabajar en la reparación del daño que han ocasionado estos procesos y el mismo golpe (de Estado). Hay heridos, hay muertos, hay familiares de muertos que requieren resarcimiento", complementó.