Por dos tercios de voto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este jueves una resolución que recomienda a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la legislatura 2020-2025, dar continuidad al trabajo de la Comisión Mixta de Derechos Humanos, instancia que debe dar un seguimiento minucioso a los procesos legales instaurados y los que se puedan instaurarse en contra de las personas que participaron en las movilizaciones de julio y agosto de 2020.

Sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron una marcha en julio que derivó en acciones violentas en El Alto. Luego llevaron a cabo entre el 3 y 14 de agosto un bloqueo de caminos para rechazar la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, una decisión que, a pesar de esa movilización, fue ratificada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para alejarlo del pico que alcanzará la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país.

La protesta que duró 12 días, según informes extraoficiales del Gobierno, causó la muerte de unos 40 pacientes por COVID-19, por falta de oxígeno medicinal que no pudo llegar a hospitales por el corte de vías. Además, las pérdidas económicas que dejó sobrepasan los $us 1.000 millones, según el Ministerio de Economía.

En la misma resolución, la Asamblea recomienda continuar observando que los procesos judiciales se desarrollen con total transparencia, denunciando la injerencia y presión que puedan ejercer otras autoridades e instituciones a los operadores de justicia investigadores y representantes del Ministerio Público.

El pasado 18 de agosto, la ALP delegó a la Comisión Mixta de Derechos Humanos una investigación sobre la “judicialización” de la política, la criminalización de la protesta social y violación de derechos humanos entre julio y agosto 2020.

La comisión estuvo conformada por los senadores Ciro Zabala, Teresa Miranda y Silvia Carmen Guzmán, además de los diputados Andrea Bonilla, Sonia Brito, Kary Mariscal, Franklin Durán, Alcides Gallardo, Ana Vidal y Muriel Cruz, según un reporte del Senado.