El alcalde de La Paz, Iván Arias, fue uno de los más resistidos por sus decisiones asumidas a lo largo de su carrera política. A un año de gestión, se encuentra bajo la sombra de un revocatorio, propuesto por diferentes sectores, principalmente el de las iglesias evangélicas tras la aprobación de un ley para exigir el carnet de vacunación contra la COVID-19. Fue llamado “alcalde del mal” por esta decisión.

Su primer conflicto surgió a poco de asumir el cargo. Las juntas vecinales pedían consensos en la designación de los subalcaldes y protagonizaron medidas de presión.

No estaban de acuerdo con sus decisiones, principalmente en las zonas Periférica y Cotahuma, lo que obligó a retrasar la posesión de su gabinete.

En medio de esto, debía responder a procesos judiciales en su contra. Fue ministro de Obras Públicas en la gestión de Jeanine Áñez y denunciado por una presunta designación irregular en su gestión. Le dieron arraigo y una fianza.

También le siguieron un proceso por incumplimiento de deberes. Estuvo acusado de no haber promulgado a tiempo la Ley de Fiscalización y Auditorías.  Por otro lado, durante el paro para pedir la abrogación de la Ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas, que se extendió más de una semana, le echaron gas pimienta en la cara. Acusó, entonces, a grupos paramilitares.  Otro ataque lo sufrió recientemente cuando participó de la paralización de obras ilegales en un sector donde se encontraban grupos de loteadores.

También está en el ojo de la tormenta por un préstamo de 175 millones de bolivianos con una entidad financiera. Ven altas tasas de interés y un mal manejo económico de la autoridad.

Pese a esto, Arias siguió haciendo gestión y logró concretar los trámites de nacionalización de 48 buses Pumakatari para reemplazar a los que fueron quemados en 2019.

La medida viene acompañada de un plan de reordeamiento del tráfico vehicular que lo realiza de manera coordinada con el sector del autotransporte.